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La alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera dijo, al conocer la decisión del gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre, de declararse impedido para sancionar la ordenanza que crea la estampilla Prohospitales de 1 y 2 nivel, que le da mucha tristeza porque está en juego la salud de la gente barranquillera y atlanticense.

En opinión de la mandataria distrital, la decisión de Segebre, quien argumentó intereses personales que le impiden tomar una decisión sobre la estampilla, no le generó sorpresas.

'Ustedes lo escucharon. Desde el primer día el se manifestó diciendo que consideraba que la estampilla no generaba las condiciones para una ciudad competitiva y que no contribuía al crecimiento económico', dijo Noguera.

La mandataria sostuvo que difiere de esa posición con el Gobernador, porque 'nada genera más competitividad a una ciudad que tener a sus ciudadanos saludables'.

En mensaje a Camacol, gremio demandante de la estampilla, la alcaldesa dijo que la construcción es uno de los sectores que más ha crecido y que si no fueran competitivos no llegarían tantos constructores e inversionistas a la ciudad. 'Por donde uno se meta hay proyectos inmobiliarios', agregó.

La Alcaldía entregó datos que evidencian, según su análisis, que la construcción ha tenido un comportamiento positivo. Las cifras reportadas por Camacol en el último informe de actividad edificadora de Barranquilla y su Área Metropolitana a Junio del 2015, señaló que en lo relativo a las licencias de construcción, durante el mes de mayo de 2015 se aprobaron 162.781 m2, con lo cual se alcanzó un crecimiento del 99% frente al mismo mes del año anterior.

Noguera agregó que la salud de los barranquilleros no quedará desfinanciada y para ello siguen estudiando planes A, B y C y si en últimas no hay nada que hacer con la estampilla 'habrá que ver de qué manera se suben otros impuestos'.

NO DILATAMOS PROCESO. Noguera se refirió también a una queja en su contra presentada ante la Procuraduría por el Comité Intergremial del Atlántico ,en cabeza de su presidenta Beatriz Vélez y por Camacol, liderada por su gerente María Elia Abuchaibe, quienes argumentan que el Distrito está dilatando el proceso en el Consejo de Estado.

'No es cierto que estamos dilatando el proceso y por eso estamos tranquilos. Sabemos que vamos a defendernos bien ante la Procuraduría', indicó Noguera y aseveró que están utilizando las herramientas legales que les permite la norma colombiana para poder tener una mayor precisión sobre el fallo del Consejo de Estado.

Para la mandataria es curioso que Abuchaibe, quien se desempeñó como secretaria de Planeación distrital y que era quien daba los permisos para que se construyeran los Pasos y Caminos hoy 'extrañamente realice la denuncia'.

CARTA AL PROCURADOR. En el documento Vélez y Abuchaibe le 'ruegan' al procurador Alejandro Ordóñez que investigue el accionar del Consejo de Estado y que determine si existe un desacato de la sentencia por parte de los funcionarios distritales que continúan con el cobro de la estampilla.

Las dirigentes gremiales señalan que el Consejo de Estado ha retardado el proceso de entrega de sentencia de la estampilla prohospitales 1 y 2, 'injustificadamente' a sabiendas que la decisión judicial con respecto a esto fue tomada en agosto de 2014.

En la carta los gremios señalan que el magistrado ponente afirmó que la sentencia se encontraba en firme en enero de 2015, luego de rechazar el 16 de diciembre de 2014 el 'Recurso de Aclaración' solicitado por parte del Distrito.

'El rechazo al Recurso de aclaración por parte del Distrito lo notificó el 15 de enero de 2015 y luego el Distrito solicitó el 21 de enero un Recurso de Súplica, por el cual los gremios exigieron que fuera rechazado también porque no era procedente en este caso', según explican.

Agregan que en varias oportunidades el apoderado de Camacol ha solicitado copias y ha requerido al magistrado ponente que rechace de plano el 'Recurso de Súplica' pedido por el Distrito de Barranquilla.

Sostienen que desde el 28 de enero de 2015, el apoderado de Camacol Caribe está solicitando copia de la sentencia ejecutoriada, y hasta la fecha el Consejo de Estado no las ha entregado o expedido.

Los gremios consideran que es una morosidad por parte del Consejo de Estado la demora del proceso y la no entrega de copias integras de la sentencia expedida el 18 de Enero de 2015, involucrando directamente al Distrito, por el cual señalan que está haciendo 'eco en el Consejo de Estado para dilatar el proceso y seguir cobrando el tributo'.

Manifiestan su inconformismo y disgusto con esta situación y anotan que el Distrito de Barranquilla en cada mes de este año recaudó $2.500 millones, por lo tanto en estos once meses percibió $27 mil millones.

OTRAS VOCES. El presidente del Concejo, Carlos Rojano Llinás, considera que el Gobernador con su posición no dejó claro un compromiso real con la salud de los más pobres de Barranquilla.

Argumentó que esa posición la ha percibido en la Gobernación en los últimos 8 años, 'nunca más allá de su conflicto de intereses con la presencia de un familiar constructor, de la legalidad o no de la ordenanza, le veo una falta de voluntad en relación al tema de la estampilla prohospitales y poca responsabilidad con los usuarios del sistema de salud pública'.

El diputado Adalberto Llinás, ponente de la ordenanza, dijo que esperaba que eso ocurriera porque es claro el impedimento al tener familiares comprometidos en este proceso.

Sostuvo Llinás que los recursos que se recauden por este tributo son importantes para la salud del Distrito, pero respeta y entiende la posición del Gobernador. 'Ahora le corresponde al Procurador avalar eso, posteriormente el camino indicado va a ser que el Presidente asigne un gobernador encargado, y este sancionaría la ordenanza que le garantice los recursos al Distrito', dijo.

Por último, señaló que la ordenanza fue presentada luego de un estudio muy detallado y minucioso y cumple con lo que establece la Ley 663 del 2001.

La decisión del consejo

El Consejo de Estado tumbó dos artículos fundamentales, el 5 y 6, de la Ordenanza 070 de 2009 que establece el cobro de la estampilla pro hospitales de primer y segundo nivel en el Distrito. El máximo tribunal de lo contencioso administrativo considera ilegal que este gravamen, del 1,5%, se cobre sobre el monto total de la compra-venta de bienes inmuebles, ya que, según la sentencia, debe cobrarse sobre el valor del documento que acredite el pago del impuesto predial. El recaudo de esta renta ha permitido la construcción, dotación y mantenimiento de más de 40 Pasos y Caminos, según la Alcaldía.

El paso a paso del proceso

•El secretario de Hacienda del Distrito, Raúl Lacouture, explicó que con la declaratoria de impedimento presentada por el gobernador José Antonio Segebre, le corresponde ahora al procurador regional pronunciarse y decir si el mandatario está o no impedido (tiene un plazo de 10 días).

• Si el procurador regional dice que el gobernador está impedido, le corresponde a la Procuraduría la designación de un gobernador ad hoc que se encargue de estudiar el contenido de la Ordenanza y bien sea sancionarla u objetarla por inconveniencia o por ilegalidad.

• Si el procurador considera que el gobernador no está impedido y que puede darle trámite él directamente, lo devuelve a la Gobernación y el mandatario departamental tomará la decisión de sancionarla u objetarla.

Por su parte, el diputado Adalberto Llinás explicó que de ratificar la Procuraduría el impedimento, esta información debe llegar a la Presidencia de la República, quien designará el gobernador ad hoc, 'y ojalá que sea el ministro de Salud, y este pueda venir a Barranquilla, y ante la comunidad del Atlántico firme esta ordenanza que para la ciudad sería muy importante, porque el modelo de salud ha sido exitoso'.