Yéssica Guerrero, de 24 años, sostiene en las manos el pasaporte de Johan Barrios, su esposo, donde fue puesto el sello que oficialmente demuestra que 'fue echado de Venezuela'. En el documento no está escrito deportado en letras grandes, solo la palabra 'SALIDA' en mayúscula y la fecha: 17 de marzo de 2015.
'Llegó a Cúcuta sin nada. Un primo tuvo que ir a buscarlo para que regresara a Suan (sur de Atlántico) como muchos atlanticenses', cuenta Guerrero en la casa de sus suegros. Llevaban cinco años viviendo en Caracas, él trabajaba como albañil y ella limpiaba casas, 'las cosas no eran sencillas pero nos manteníamos, ahora estamos sin trabajo'.
Arturo Orozco, de 22 años, pasa por una situación igual. Hace un mes llegó deportado de Maracaibo. Allá vivía en el barrio Beto Morillo, a unos 550 kilómetros de la casa de su abuela, en Santa Lucía, municipio vecino de Suan donde ahora tiene residencia. Llevaba desde 2007 en Venezuela y se dedicaba a la albañilería, que le aportaba unos '2.500 bolívares semanales', $12.125 al cambio de ayer.
Orozco relata que iba llegando a su casa a finales de julio pasado cuando la guardia venezolana lo detuvo y lo encontraron sin papeles. 'Me tuvieron tres días sin agua ni comida en el Saime (Servicios de Migración). El primero fue terrible porque un Policía me empujó y yo se lo devolví - y agrega con molestia- me tuvieron colgado de las manos toda la noche, como si fuera un pedazo de carne'.
Para llegar hasta su pueblo natal tuvo que esperar dos días más en Maicao, norte de La Guajira, hasta que un tío lo ayudó. No le preocupa regresar a Venezuela ni estar sin trabajo 'porque con algo me rebusco, así sea pescando en el río o cortando leña', lo que le inquieta es que en Beto Morillo quedaron la mamá, la esposa, dos hijos y un bebé en camino.
Wilmer Güete, 38 años, no pasa las mismas angustias. En Campo de la Cruz tiene un trabajo como ayudante de un puesto de comidas rápidas, cerca de la plaza del municipio atlanticense. Mientras asea el local cuenta que llevaba desde 2005 viviendo en Petare, área metropolitana de Caracas, cuando lo agarraron en una estación del metro con dos colombianos más.
'Íbamos para la casa cuando nos pararon unos policías', narra al tiempo que barre. Como no tenían documentos de residencia los llevaron a un Saime. 'Me tuvieron ocho días ahí. Vi a gente que le partieron el pasaporte por ser colombianos'
Güete se toma un respiro. Se sienta en una silla y recuerda un momento crítico de su estancia en Venezuela. 'Un día estábamos en una casa y de pronto se metió la Policía. Unos amigos venezolanos me escondieron en un armario grande. Se llevaron a varios colombianos'.
Las historias de los tres atlanticenses son similares a las de 1.770 colombianos que han sido deportados de Venezuela desde el sábado. Esa cifra aumentaría por el regreso voluntario de miles que intuyen que la situación será cada vez más grave.
Gustavo de la Rosa, inspector de Suán, explica que el aumento de población 'en una zona que aún se recupera del desastre de 2010' está generando un problema social. 'Las familias no tienen Sisbén (servicios de salud), no hacen parte de los programas de ayuda del gobierno, como Familias en Acción. Además no consiguen trabajo y viven hacinados con sus familiares', señala por vía telefónica.
En un censo realizado por el funcionario, determina la cantidad de personas que han llegado desde el año pasado a cinco municipios del sur de Atlántico. '1.750 a Campo de la Cruz, 350 a Manatí, 380 a Suan, 380 a Santa Lucía, 370 a Candelaria y 280 a Repelón'.
Ante este incremento 'inesperado' de la población, el gobernador de Atlántico, José Antonio Segebre, expresa que tendrán que tomar 'medidas de contingencia' como la compra de colchones, alimentos y medicamentos, además de la ampliación de la cobertura de salud y beneficios de viviendas gratis, para que familias como las de Barrios, Orozco y Güete regresen a su patria 'sin pasar necesidad'.
