Al finalizar la mesa de concertación de empleo y emprendimiento para los colombianos deportados o que han retornado de Venezuela, la secretaria del Interior del departamento, Darling Isáziga aseguró que hasta la fecha, han sido registradas unas 1.000 personas que afirman haber vuelto del vecino país a consecuencia de la crisis fronteriza.
'Estamos esperando que llegue el censo de los municipios del departamento, en donde tenemos la certeza que serán muchas personas', indicó la funcionaria. Sin embargo, cuando se complete el dato oficial se procederá a una depuración para establecer qué personas tienen derecho a recibir las ayudas humanitarias.
El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Sena Comercial del Atlántico, en donde participaron el DPS (Departamento para la prosperidad social), la Gobernación del Atlántico, la Cruz Roja y la entidad sede de la reunión.
Sobre el tema, el subsecretario de Prevención y Atención de Desastres de la Gobernación, Édinson Palma Jiménez, afirmó que el único municipio que ha empezado a hacer censo de deportados es Santa Lucia. 'Fueron censadas 160 personas, en el primer día de actividad', añadió.
El resto de municipios del departamento iniciarían censos desde el 8 de septiembre. 'La información que recojan los consejos municipales de riesgo son sujetas a revisión y verificación por parte del DPS (Departamento para la prosperidad social), la Unidad Nacional de Riesgo y del Departamento de Migración Nacional', explicó.
Según Palma, mediante este cruce, más las bases de datos del Gobierno Nacional, a las personas que se detecten aprovechándose de la situación, es decir colándose, 'van a ser penalizados porque esto es un delito que está tipificado en el artículo 3 literal a, del código penal', enfatizó.
De acuerdo con el Código Penal, aquel que obtenga una ayuda o subsidio proveniente de recursos públicos mediante engaño o callando total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de cinco a nueve años, multa de 200 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas de seis a doce años.
Palma Jiménez añadió que la Gobernación está preparada para atender más llegadas de colombianos desde Venezuela. 'Toda persona que llegue será censada y después se va a determinar si realmente merece la ayuda por parte del Gobierno Nacional', anotó el subsecretario.
Cupos del Sena
De la misma forma, Jacqueline Rojas, directora del Sena Regional Atlántico, señaló que la entidad va a proporcionar cerca de 2800 cupos especialmente para los colombianos deportados del vecino país venezolano y que han llegado al departamento del atlántico. 'Tenemos dispuestos para ellos 50 programas de formación complementaria', indicó.
'También vamos a acompañarlos a través de nuestra agencia pública de empleo, donde tenemos más de 375 vacantes disponibles en este momento', agregó.
La secretaria del Interior del departamento destacó el ofrecimiento del Sena y señaló que lo más importante es que la gente que está retornando de Venezuela va a tener una oportunidad para incorporarse a la vida laboral y poder obtener su sustento dignamente.
