El gobernador ad hoc Alfonso Camerano Fuentes objetó por inconveniente la ordenanza aprobada por la Asamblea del Atlántico mediante la cual se ordena la emisión de una estampilla Pro Hospitales de primer y segundo nivel de atención en el Distrito.
Durante rueda de prensa en las instalaciones de la Asamblea, Camerano, designado por la Procuraduría para dirimir la situación, sostuvo que la ordenanza tiene fundamentos constitucionales y legales, pero que la objetó porque en caso de sancionarla el Distrito de Barranquilla dejaría de percibir recursos para la salud porque de inmediato quedaría derogada la Ordenanza 070 de 2009 que estableció el cobro.
Esto –dijo–, dejaría 'la salud pública que atiende el Distrito de Barranquilla sin recurso alguno, después de haber avanzado en la construcción, ampliación y mantenimiento de la planta física, adquisición, mantenimiento y reparación de equipos... que sigue siendo el propósito social del tributo', señala Camerano en uno de los apartes del documento de 10 páginas que entregó a la Asamblea Departamental.
El abogado insistió en que por vía de la sanción del proyecto irían más allá de lo que ha ido el Consejo de Estado que no se atrevió a tocar ni siquiera el otro cuerpo de la Ordenanza 070, donde todavía hay contradicción en cuanto a la ejecutoria de la decisión de anular los artículos 5 y 6 de la mencionada ordenanza .
Sostuvo igualmente que el Distrito ha venido desplegando una gestión de cobro, aún después de haberse proferido la sentencia bajo la idea de que no estando ejecutoriada la sentencia puede continuar recibiendo esos recursos para la salud.
'Si se sanciona este proyecto de ordenanza, el Distrito tendría inmediatamente que dejar de cobrar porque queda derogada la Ordenanza 070, cosa que no ha hecho el Consejo de Estado', insistió Camerano.
Al conocer la posición del mandatario ad hoc, el secretario de Hacienda del Distrito, Raúl Lacouture, dijo que le daba 'mucha tranquilidad' al Distrito 'el hecho de que reconozca la importancia que los recursos de esta estampilla son para continuar teniendo una infraestructura hospitalaria de acuerdo con las inversiones que se han hecho en los últimos años'.
Seguidamente anotó el funcionario que queda en manos de la Asamblea poder hacer el análisis respectivo y que le corresponderá al mandatario designado por la Procuraduría para este caso, convocar a sesiones extraordinarias para que los diputados analicen el tema y se pronuncien sobre la inconveniencia.
De igual forma, el diputado Adalberto Llinás opinó que Camerano hizo una revisión exhaustiva de todos los artículos y resaltó que la ordenanza es legal.
'La inconveniencia –explicó–, está en el artículo 12. El gobernador manifiesta que la vigencia, según la ordenanza que planteamos, cortaría el flujo de recursos. Entiendo que nos sugiere que el artículo tenga un parágrafo transitorio que diga que esta ordenanza entrará en vigencia en cuanto sea sancionada por un acuerdo del Concejo Distrital que garantice la continuidad de los recursos de la salud'.
La mesa directiva de la Asamblea se estaría reuniendo hoy con un grupo de abogados para evaluar si es pertinente analizar directamente ese parágrafo o si le corresponde citar a la plenaria para evaluar la objeción y tomar lo que les recomienda el gobernador ad hoc.
'En el artículo 12 debe haber un parágrafo que clarifique que entra en vigencia derogando las anteriores, luego que surta todo el trámite pertinente de las consideraciones del acuerdo distrital y su sanción por la alcaldesa', reiteró Llinás.
David Asthon, presidente de la Asamblea resaltó que hicieron una Ordenanza apegada a la ley que fue devuelta por inconveniente y no por inconstitucional.
