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Los abogados Roberto Tapia y Fernando Borda radicaron una demanda contra el Distrito de Barranquilla en la que piden la devolución a los contribuyentes de los dineros recaudados por concepto de la estampilla Pro hospitales de nivel 1 y 2 de atención, desde el 19 de agosto del 2014 hasta la fecha.

La acción de grupo fue presentada en el Juzgado Cuarto Administrativo del circuito de Barranquilla, y a la misma se pueden adherir constructoras, inmobiliarias y ciudadanos en general para que sean incluidos en el proceso.

La acción es liderada por Martha Isabel Tapia de Badillo, quien realizó la transacción de un inmueble y considera que el pago de dicho impuesto es 'ilegal'.

LOS ARGUMENTOS

Consideran los abogados que la sentencia del Consejo de Estado que tumbó los artículos 5 y 6 de la Ordenanza 070 de 2009 está ejecutoriada desde esa fecha. Según Borda, los argumentos que ha presentado la administración distrital, que dice que no han sido notificados y por lo tanto el fallo no ha sido ejecutoriado, no los convence. 'Estamos convencidos que desde el 19 de agosto del año pasado quedó ejecutoriada esa sentencia'.

Según el abogado, el Distrito ha estado cobrando en forma irregular a los contribuyentes un 'impuesto nuevo'.

Por su parte, el abogado Roberto Tapia explicó que como fueron anulados l os artículos 5 y 6 de la ordenanza 070 a partir de la ejecutoria no pueden seguir cobrando esos dineros, por lo tanto tienen que 'devolverlos con intereses moratorios'.

En opinión de Tapia están incurriendo en falta disciplinaria y penal la alcaldesa Elsa Noguera; el secretario de Hacienda, Raúl Lacouture; el jefe de la oficina jurídica, Alfredo Del Toro y el Superintendente de Registro y Notariado, Jorge Vélez.

Señaló Tapia que la sentencia del Consejo de Estado no tiene ningún recurso de apelación porque es una segunda instancia y solo proceden recursos de aclaración 'que no podía presentarlo el Distrito de Barranquilla porque no es parte dentro del proceso'. Por lo tanto, como el impuesto 'se cayó', lo que se está cobrando no existe y su cobro es ilegal e inconstitucional.

Los abogados coincidieron en que el Distrito ha estado dilatando el proceso y por lo tanto de seguir cobrando la estampilla al final tendrá que devolver alrededor de 50 mil millones de pesos por este concepto.

Desde el 7 de agosto de 2014 hasta el 21 de agosto de 2015 el Distrito ha recaudado $35.450.757.851.

El gerente de la oficina de Gestión de Ingresos del Distrito, Fidel Castaño, dijo que no conoce los argumentos de la demanda, pero lo que puede ver es que un pequeño grupo se quieren beneficiar del aporte que muchas personas han hecho al pagar la estampilla cuando realizan transacciones inmobiliarias.

'No veo una representatividad de lo que debe ser esta discusión y en segundo lugar la estampilla beneficia a toda la población de Barranquilla, especialmente a la menos favorecida', indicó Castaño al señalar que Barranquilla cuenta con el mejor esquema de salud en todo el país.

En opinión de Castaño la sentencia no está ejecutoriada y la misma sección quinta del Consejo de Estado en un fallo de primera instancia, de marzo de este año lo ratificó, por lo tanto sigue vigente la ordenanza 070 y su respectivo cobro.

Por último enfatizó que la administración distrital estará defendiendo su posición en las acciones jurídicas que se presenten y respetarán el derecho que tienen los ciudadanos de entablar cualquier acción jurídica.