La secretaria de Salud del Distrito, Alma Solano, solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud que antes de que se realice el proceso liquidatorio de Caprecom EPS, en el contexto financiero y de bienes, se haga la distribución de los usuarios de la entidad.
La funcionaria sostuvo que en Barranquilla son alrededor de 60 mil los pacientes que tiene Caprecom, y que es precisamente el Distrito al que le ha tocado solventar los problemas de remisión.
'Pensamos que dos meses es demasiado tiempo para esperar a que se liquide la empresa, los usuarios pueden correr riesgo en ese periodo, por eso solicitamos que en Barranquilla la distribución sea antes de que realicen el proceso liquidatorio', indicó.
Solano expuso que hay problemas muy serios en otros municipios al tiempo que se refirió al caso de una niña de Fundación, Magdalena, que fue trasladada a la ESE Cari y según el testimonio de la madre la EPS Caprecom no facilitó UCI pediátrica por falta de contrato (ver recuadro).
Según Solano, venían esperando la liquidación de Caprecom desde hace algún tiempo, debido a los problemas para remitir usuarios a alta complejidad.
'Hemos tenido que entrar a cubrir nosotros como Alcaldía directamente los gastos de atención de esos usuarios para no poner su vida en riesgo, pero va a llegar un momento que no vamos a poder más', dijo Solano.
La funcionaria explicó que con otras entidades que han sido liquidadas, el proceso de traslado no ha sido traumático. Es un proceso que se ha dado en buena forma por lo que cree que esta redistribución será positiva para los usuarios.
La deuda
Con la Red Pública de Barranquilla Caprecom deja deudas en el orden de los $13 mil millones. Solano dijo estar tranquila porque estas obligaciones serán asumidas por el Gobierno Nacional, pues a diferencia de otras entidades liquidadas, esta es una Empresa Industrial y Comercial del Estado y el gobierno tiene el compromiso de pagarlas.
'El dinero no lo veremos pronto. Es un proceso que debe tardar para el inicio de los pagos hasta dos o tres años, mientras se hace la recopilación de todas las acreencias que tiene Caprecom dentro del proceso', explicó.
Adicional a la solicitud de Solano, se conoció también que la Defensoría del Pueblo envió una carta a la Supersalud, en la que solicita información clara de las medidas que adoptará para garantizar la atención de los 3 millones de afiliados a la EPS pública más grande del régimen subsidiado.
El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, pidió a las autoridades de salud que presenten un plan detallado con las medidas que se adoptarán para proteger el derecho fundamental a la salud de los afiliados a Caprecom.
En dicho proceso, la Defensoría considera fundamental que se les informe a los afiliados sobre el mecanismo que será utilizado para su traslado a otras entidades de salud con el fin de que no haya interrupción en la atención.
Para la Defensoría del Pueblo, es necesario que se garantice la continuidad en la atención de los pacientes en condiciones de vulnerabilidad como menores de cinco años, gestantes, tercera edad, discapacitados y, particularmente, para aquellos casos de personas con enfermedades renales y de alto costo.
De la misma forma, solicita que se tomen las medidas necesarias para que no sea interrumpida la entrega de medicamentos ni las citas médicas en las diferentes especialidades. Por último, considera necesario que en el proceso de liquidación se establezca un proceso de participación de las asociaciones de usuarios.
Redistribución
Ante un interrogante en el sentido que quien se encargará de la redistribución de los pacientes, Solano, indicó que como se trata de una situación atípica si se da esa autorización para que Caprecom salga de la ciudad tendría que ser la Superintendencia de Salud la que defina como será el proceso.
'Estamos dispuestos a ser garantes de ese proceso de distribución de usuarios, pero en estos momentos cualquier EPS es mejor que Caprecom para ellos. Lo ideal es que el proceso se de con todas la condiciones del caso, que se les entregue a las EPS que cuenten con la capacidad financiera para atenderlo y que además tengan unos estándares de calidad y de satisfacción a los usuarios que sean adecuados con el resto de sus afiliados'.
Ramón Quintero, gerente de la ESE Cari recibió con preocupación la decisión del Gobierno, porque mientras se realizan los traslados de los usuarios de Caprecom a las distintas EPS, las clínicas privadas disminuirán la recepción de los pacientes y los hospitales públicos, en particular la ESE Cari van a tener que recibir un gran volumen de estos pacientes con muy pocas posibilidades de recuperar el dinero de la prestación de los servicios.
'Es un proceso que tardará hasta el mes de febrero y mientras eso ocurre la gente tiene necesidades de recibir servicios de salud. El Cari tendrá que suplir hasta donde su capacidad instalada se lo permita, pero con pocas posibilidades de recuperar la inversión', insistió.
Quintero sostiene que el gobierno Nacional consiguió a través del Ministerio de Hacienda que se pueda pagar la deuda entre el 2016 y el 2019, pero la prioridad en una liquidación es el recurso humano, lo que significa que Caprecom destinaría los dineros que tiene para su liquidación del 2016 y del 2017 para pagarle a sus empleados. Además tiene convenciones colectivas y posiblemente en el 2018 comenzaría a pagar la deuda a las clínicas y hospitales, por lo tanto, es una situación de alto riesgo.
La deuda de Caprecom con los 4 hospitales departamentales del Atlántico supera los $20 mil millones. El número total de usuarios de Caprecom en el Atlántico es de 142 mil (incluyendo los de Barranquilla).
Propuestas
Ramón Quintero propondrá al Gobierno que si las clínicas privadas no quieren seguir atendiendo a los pacientes de Caprecom que liquiden los contratos y esos dineros que faltan por consumir sean trasladados a los hospitales públicos del país y se les preste atención a sus afiliados, y en segundo lugar que haya una compra de cartera por parte del Gobierno nacional para los hospitales que no niegan servicios a los afiliados de Caprecom para que abonen a la deuda que se tienen en estos momentos, de tal forma que se garantice a los afiliados la prestación del servicio.
Quintero dijo que seguirán recibiendo pacientes hasta donde la capacidad instalada se los permita.
