Dos horas tardó la sesión ordinaria en la que el Concejo Distrital avaló en segundo debate el proyecto de acuerdo que establece -nuevamente-, la obligatoriedad de la emisión de la estampilla Prohospitales de primer y segundo nivel de atención en Barranquilla.
La alcaldesa Elsa Noguera De La Espriella estaría sancionándola a principios de la semana venidera y, de inmediato, entraría en vigencia y dejaría sin efectos la que rige en estos momentos.
De esta manera el Concejo ajustó la contribución que ha estado en el centro de la polémica, a la Ordenanza 287 aprobada hace poco por la Asamblea precisamente con la intención de blindarla jurídicamente. La que rige actualmente fue declarada nula por el Consejo de Estado tras una demanda de Camacol, en una pugna jurídica de la que el Distrito aún espera salir triunfante.
De los 21 concejales que tiene Barranquilla asistieron 19 a la plenaria. Todos, con micrófono en mano, aprobaron el proyecto presentado por la Alcaldía. No asistieron Alberto Sánchez y Máximo Acuña.
La sesión estuvo acompañada por el gerente de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Fidel Castaño.
El proyecto sufrió una adición en el artículo 5, que se refiere a la tarifa y base gravable, por propuesta del concejal Luis Zapata Donado. Se incluyó una tarifa diferencial para las viviendas de estratos 1 y 2 de la ciudad, por cuya venta no se cancelará el del 1,5% del valor del inmueble sino el 0,75%. 'Eso quiere decir -explicó Castaño-, que para estratos uno y dos solamente se pagará la mitad, esto es un poco para dar equidad tributaria a la nueva estampilla que aprobó el Concejo'.
Zapata, quien actuó como ponente junto a Carlos Rojano Llinás, aseguró que la disposición acuerdal cumple con los mandamientos de la ley y hace claridad en los temas cuestionados a la anterior estampilla.
Dijo además que la nueva estampilla reúne los requisitos establecidos por la Constitución para las contribuciones porque 'había una confusión en la primera'. Igualmente que establece, por ejemplo, que el paz y salvo debe ser emitido por un funcionario de la administración distrital como es el gerente de ingresos del Distrito, definición que antes no estaba contemplada.
'También hay procedimiento para los evasores del impuesto que en la primera normatividad que no se había tenido en cuenta', sostuvo Zapata.
Sobre la Procuraduría
En cuanto al ‘Oficio preventivo’ que le envió la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública a la alcaldesa en la que le sugiere abstenerse de seguir incurriendo en conductas que podrían ser consideradas dilatorias frente al acatamiento del fallo del Consejo de Estado, el gerente de Ingresos indicó inicialmente que la Alcaldía no había recibido el documento.
Igual anotó que con base en la información que conoció -publicada desde la tarde del jueves por EL HERALDO-, lo que está diciendo ese oficio son básicamente los mismos planteamientos que el Comité Intergremial del Atlántico y Camacol le hizo a la Procuraduría para que vigilara este proceso.
Y añadió: 'Digamos que faltan en ese oficio los análisis de las últimas actuaciones que ha habido en el Consejo de Estado, básicamente el nombramiento de un conjuez en la sección cuarta para que se defina toda la situación, y lo otro es que hay que tener claro que el mismo Consejo de Estado sí ha dicho en un fallo del mes de mayo, de la tutela, que precisamente no concede la tutela porque la sentencia no está ejecutoriada'.
De acuerdo con el funcionario, la administración responderá a la Procuraduría 'en los términos que correspondan al proceso que estamos desarrollando. Estamos totalmente seguros de que estamos cumpliendo con la ley'.
Zapata Donado se pronunció de manera similar señalando que el nombramiento del conjuez 'quiere decir que la sentencia no está en firme, indica que el proceso está vivo y que aún tienen que resolver las peticiones'.
Esta semana, en diálogo con la prensa, la gerente de Camacol Caribe, María Elia Abuchaibe, no descartó la posibilidad de una nueva demanda a la estampilla en cuanto sea sancionada.
