El secretario distrital de Educación, Dagoberto Barraza, afirmó que la ley establece que no puede haber ningún tipo de discriminación: sea por género, credo, condición sexual, grupo minoritario, población vulnerable o de cualquier tipo.
'Bajo ninguna circunstancia vamos a permitir discriminación en los colegios de la ciudad. La ley es clara en ese sentido', manifestó Barraza.
La polémica se ha presentado luego de que la corporación Caribe Afirmativo acusó a la institución privada Guillermo Carey de promover 'actitudes discriminatorias' contra la población LGBTI al tener catalogado en su manual de convivencia 'el comportamiento homosexual (varones y hembras) dentro y fuera de la institución' como una conducta causal para la pérdida del carácter de estudiante durante el año lectivo, para cancelar el contrato educativo y para la expulsión definitiva.
Noemí Janson, rectora del colegio, afirmó que no discriminan a los niños y niñas 'al momento de ingresar a la institución' pero que dentro promueven principios cristianos. Sobre el manual, explicó que cada año lo revisan para hacerle las modificaciones necesarias.
'A nadie se le ha negado el derecho a la educación por sus tendencias. Respetamos a la comunidad LGBTI, creemos que Dios ama a la comunidad y nosotros no tenemos nada en contra de ellos como personas', señaló Janson.
En este caso, la rectora indicó que mirarán qué cambios deben hacer para ajustarse a la sentencia T-428 de 2015, de la Corte Constitucional. En el texto de la jurisprudencia queda consignado que los manuales de convivencia escolares se encuentran limitados por la Constitución, donde Colombia se caracteriza por ser pluralista, en consecuencia, no pueden afectar la libre elección de los estudiantes de su orientación sexual o identidad de género.
La Corte también ordenó al ministerio de Educación que revise que todos los manuales de convivencia sean respetuosos de las orientaciones sexuales e identidades de género de los estudiantes.
El proceso que falló el órgano jurídico fue motivado por Alba Reyes a nombre propio y de su hijo Sergio Urrego. El joven sufrió actos de discriminación por parte de las autoridades escolares del colegio Gimnasio Castilla Campestre debido a su orientación sexual, lo cual lo llevó a suicidarse.
El secretario de Educación manifestó que mediante la oficina de Inspección y Vigilancia, la administración hace las investigaciones pertinentes para proteger los derechos de los niños, niñas y jóvenes, pero necesitan que haya una denuncia para poder actuar. 'Estamos alertas ante cualquier situación irregular porque vamos a proteger a los jóvenes, para que reciban educación', puntualizó
