Una polémica se ha presentado en Barranquilla luego de que la corporación Caribe Afirmativo señalara a un colegio privado de la ciudad de vulnerar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por incluir en su manual de convivencia la homosexualidad como falta grave.
Caribe Afirmativo indicó que la institución Guillermo Carey promueve 'actitudes discriminatorias' contra la población LGBTI al tener catalogado en su manual de convivencia 'el comportamiento homosexual (varones y hembras) dentro y fuera de la institución' como una conducta causal para la pérdida del carácter de estudiante durante el año lectivo, para cancelar el contrato educativo y para la expulsión definitiva.
Noemí Janson, rectora del colegio, afirmó que no discriminan a los niños y niñas 'al momento de ingresar a la institución'. 'A ningún padre de familia le preguntamos qué tendencia sexual tiene su niño, al momento de ingresar a esta institución, ni a ningún joven hemos sacado por su preferencia. Dentro del colegio trabajamos por los valores y los preservamos, porque nosotros tenemos el derecho constitucional de tener libertad de culto y libertad religiosa no es solo libertad de conciencia', aseveró.
Sobre el manual explicó que cada año lo revisan para hacerle las modificaciones necesarias. 'A nadie se le ha negado el derecho a la educación por sus tendencias. Respetamos a la comunidad LGBTI, creemos que Dios ama a la comunidad y nosotros no tenemos nada en contra de ellos como personas', sostuvo.
La rectora indicó que mirarán qué cambios deben hacer para ajustarse a la sentencia T-428 de 2015, de la Corte Constitucional. En el texto de la jurisprudencia queda consignado que los manuales de convivencia escolares se encuentran limitados por la Constitución, donde Colombia se caracteriza por ser pluralista, en consecuencia, no pueden afectar la libre elección de los estudiantes de su orientación sexual o identidad de género.
La Corte también ordenó al Ministerio de Educación revisar los manuales de convivencia sean respetuosos de las orientaciones sexuales e identidades de género de los estudiantes.
El proceso que falló el órgano fue motivado por Alba Reyes a nombre propio y de su hijo Sergio Urrego. El joven sufrió actos de discriminación por parte de las autoridades escolares del colegio Gimnasio Castilla Campestre debido a su orientación sexual, por lo cual se suicidó.
El secretario distrital de Educación, Dagoberto Barraza, afirmó que la ley establece que no puede haber ningún tipo de discriminación: sea por género, credo, condición sexual, grupo minoritario, población vulnerable o de cualquier tipo.
'Bajo ninguna circunstancia vamos a permitir discriminación en los colegios de la ciudad. La ley es clara en ese sentido', manifestó Barraza.
El funcionario manifestó que mediante la oficina de Inspección y Vigilancia, la administración hace las investigaciones pertinentes para proteger los derechos de los niños, niñas y jóvenes, pero necesitan que haya una denuncia para poder actuar. 'Estamos alerta ante cualquier situación irregular porque vamos a proteger a los jóvenes, para que reciban educación', puntualizó.
Por su parte, Castañeda aseguró haber presentado una queja ante la Secretaría, solicitando que 'tome las medidas pertinentes en este caso, actuando con celeridad para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta el interés superior de los niños, para que no ocurra otro caso como el de Sergio Urrego'.
Firmas. La corporación señaló también que se estaba presentando otra situación en la institución. 'Desde la rectoría están promoviendo la recolección de firmas para el referendo que busca evitar la adopción igualitaria, están obligando a los padres a firmar', afirmó el director.
Ante esto, Janson se defendió argumentando varias razones. 'Nos estamos uniendo a la iniciativa de la senadora Vivian Morales que promueve el referendo. Hay tres cosas básicas que estamos promoviendo como institución: Lo respaldamos porque es un colegio confesional, estamos basados en principios cristianos y bíblicos; estamos defendiendo el derecho constitucional de nuestros niños, porque la Constitución dice que tienen derecho a tener un papá y una mamá; y estamos protegiendo la estructura familiar. No estamos exigiendo a nadie firmar', puntualizó la rectora.
