El Alto Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera Florez, envió una carta al Magistrado de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero en la que solicita 'que se considere la petición de la comunidad que se encuentra en el predio de sobre la suspensión del desalojo programado para el próximo 18 de diciembre de 2015'.
Los motivos expuestos en la misiva para la petición son que actualmente hay una tutela que se encuentra en revisión y que gran parte de la población que habita dicho predio es población de especial protección por corresponder a víctimas o población vulnerable. La otra consideración es que se desconoce la existencia de un plan de reubicación y atención para el total de las familias que habitan el predio y no solo para los 24 núcleos familiares inicialmente caracterizados como víctimas del conflicto armado colombiano.
Al magistrado Guerrero Pérez le fue asignada la tutela, luego de que en audiencia pública la Sala de Selección N°11 de la Corte Constitucional aceptara la acción instaurada por Asotracampo en contra del ministerio del Interior y otros.
Parte de la preocupación de la Alta Consejería pasa por el proceso de reubicación de los ocupantes. Entre los obstáculos que describen en el texto están que las opciones de tierra no incluyen opciones de vivienda o que, por el contrario, son viviendas de interés social que no responden a la vocación agrícola de las familias o que las longitudes de los predios no son suficientes para las familias.
Los pasados días 9 y 10 de diciembre fueron desalojadas unas 11 parcelas con 20 familias, de un predio conocido como El Mirador, que junto a otras tres fanjas de tierra (Granja Catalina, Betjala y Campo Natacha) conforman un terreno conocido popularmente como El Tamarindo. Una abogada de la empresa Inversiones Agropecuarias Los Turpiales, propietaria del predio El Mirador, señaló que con los desalojados se llegó a un arreglo consistente en tres meses de arriendo o el traslado de los enseres al sitio donde desearan.
