'El lote está bien ubicado, queda en la calle 84 con carrera 37. Es de 7 metros de frente por 14 de fondo, tiene todos sus servicios: agua, alcantarillado y luz. Estamos pidiendo $14 millones por él, para entrega inmediata', dice a un periodista de EL HERALDO, vía telefónica, una vendedora que se identifica como Elizabeth Hernández.
Lo que parece ser un negocio común y corriente de venta de predios, deja de serlo al tratarse de un terreno ubicado en un sector de Barranquilla conocido como El Rubí, entre carreras 37 y 38 y calles 82C y 84, en la ladera occidental, la misma donde han resultado afectados, por averías en sus viviendas, alrededor de 20.000 habitantes de 73 barrios, entre los que está Campo Alegre y conjuntos como Altos del Campo y Colina Campestre.
De acuerdo con lo establecido por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente, El Rubí es declarado 'zona para parque ladera' y fue clasificado como 'lote no urbanizable', por encontrarse en un 'área de riesgo no mitigable'.
Desde 2014, EL HERALDO evidenció la comercialización de terrenos en este predio, que tiene una extensión aproximada de 17 hectáreas. En ese momento, en la zona había unas ocho casas levantadas. Pero, en marzo de 2015, el número de viviendas ya era cercano a 60. Fue en ese momento cuando la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público visitó la zona y aplicó un bloqueo a 32 construcciones consideradas 'ilegales' por no poseer licencias de Curaduría Urbana y por chocar con lo escrito en el POT. El resto de inmuebles quedó en pie porque había personas habitándolos o porque tenían acciones de tutela en curso.
Casi un año después de ese procedimiento de la Alcaldía, Elizabeth y otros vendedores más siguen ofreciendo los lotes, a 'módicos precios', a través de medios como el internet. 'Lo entregamos con escritura protocolaria, notariada. Después le gestionamos la escritura pública', promete la vendedora, quien argumenta que esto se debe a que 'el dueño del terreno lo tiene por derecho de posesión'. La mujer identificó al supuesto propietario como Luis Hernández Gores.
En pleito
Este medio contó hace un par de años que Hernández Gores dice ser poseedor de los predios, tal como consta en la demanda presentada en su contra por un integrante de la familia Mancini, ante el Juzgado Noveno Civil del Circuito. Escrituras y documentos notariados señalan que los propietarios del lote son algunos miembros de las familias Mancini Alzamora y la inmobiliaria Inurbanas, de la familia Farah. Ambas han recurrido a la justicia ordinaria y penal para frenar lo que consideran una invasión de sus terrenos.
José Hernández Gores, hermano de Luis Hernández Gores, falleció hace un mes, luego de que fuera baleado por dos hombres cuando se movilizaba en un carro por la carrera 36 con calle 87, barrio Colina Campestre, cerca de El Rubí. José Hernández, según el reporte que entregó la Policía Metropolitana, tenía 5 anotaciones por el delito de estafa que datan de septiembre de 2014 y de abril, junio (2) y noviembre de 2015. Fuentes judiciales informaron que algunas de estas denuncias fueron por temas relacionados con la compra y venta de terrenos.
Más ofertas
Otro vendedor, que dice llamarse Fabio Causil, también ofrece terrenos en El Rubí a partir de $8 millones. 'Lotes de 7x14, un área total de 98 metros cuadrados, con muy buena ubicación. Te esperamos, desde $8 millones en adelante, podemos permutar', se lee en el anuncio.
En otro aviso, una persona se identifica como Heydi Hernández para ofertar terrenos de 98 metros cuadrados, con servicios públicos. 'Pagando el 50% de cuota inicial, puedes pagar el otro 50% en cuotas mensuales. Descuentos especiales por pagos de contado. Si compras más de un lote te hago un descuento especial, todos estos beneficios son directamente conmigo', dice.
Al consultar a la empresa Triple A sobre la supuesta existencia de redes de acueducto o alcantarillado entre carreras 37 y 38 y calles 82C y 84, la compañía de servicios públicos informó que no tienen 'ninguna solicitud de nuevos suministros en el sector'. Además, reportaron que para ese cuadrante 'no existen peticiones de instalación de acometidas o de nueva infraestructura'. 'Debemos recordar que existen unos trámites que los constructores y clientes en general deben surtir para poder contar con los servicios. En este caso no se conoce proyecto de construcción alguno'.
En las 17 hectáreas de la zona en la que están ofreciendo lotes para construir viviendas podrían construir 1.000 casas, algo que agravaría el problema en la ladera occidental, donde los terrenos tienen antecedentes de deslizamientos.
Golpe a las finanzas
La construcción de complejos habitacionales en la ladera occidental ha 'desangrado' las finanzas públicas, como lo dijo el año pasado el entonces defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora, y el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao. Esto, por cuenta de los pagos de arriendos a damnificados, que, a final de cuentas, 'no representa una solución definitiva para los afectados', según ha criticado Henao.
Por ejemplo, en Campo Alegre, de acuerdo con lo informado el año pasado por Martha Sanz, propietaria de uno de los apartamentos de Altos del Campo y abogada de algunos de sus vecinos, la Alcaldía pagaba el año pasado, desde 2011, alrededor de 363 millones de pesos mensuales en arriendo para cerca de 600 familias. En este caso, teniendo en cuenta el periodo mencionado, el Distrito desembolsó cerca de 21.780 millones de pesos por este concepto.
Para dar remedio a parte de este tema, a comienzos de este mes, la Administración Distrital convocó a dueños de Altos del Campo, en la calle 84B con carrera 41D, para cumplir con trámites de pago de sus apartamentos, tras un fallo de la Corte Constitucional. Según la orden judicial, la Alcaldía y la Constructora Alejandro Char & Cia. Ltda. tendrán que responder por un total de $75 millones por propietario, dividendo esta suma en partes iguales. Teniendo en cuenta que este proceso agrupaba a 157 titulares de apartamentos, el Distrito deberá pagar $6.044 millones, por haber otorgado permiso para ejecutar este proyecto de vivienda hace más de 15 años.
Vigilancia
En un recorrido realizado este viernes por este medio en el sector de El Rubí quedó en evidencia que en el terreno aún hay movimiento de materiales de construcción, pese a la orden de suspensión del Distrito. Esto fue registrado en fotografías, donde se ve a un hombre bajando unas tejas de una volqueta. 'Falta más control de las autoridades', expresó un vecino del sector.
Entre las quejas de la comunidad aledaña a las mencionadas construcciones también está la de una 'constante entrada y salida de volquetas', que llegan a descargar escombros en la parte alta de estos terrenos. 'Esto preocupa, porque para nadie es un secreto que la zona es inestable, por la falla geológica que hay por ahí', advirtió un habitante de la zona, quien pidió reserva de su nombre.
Inspección
Tras conocer la investigación de este medio, la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público, a cargo de Henry Cáceres, realizó el mismo viernes una visita de inspección a El Rubí y encontró 11 nuevas construcciones irregulares en la zona.
Cronología
El problema arrancó desde el año 2012 cuando el predio de 17 hectáreas que bordea el barrio Campo Alegre, Las Terrazas, Colinas, Villas de Las Colinas, Prado del Edén, Villa del Rosario y Las Estrellas empezó a ser invadido. El 28 de marzo del mismo año, los propietarios del terreno solicitaron amparo policivo a la Inspección Quinta de Reacción Inmediata). En mayo de 2012, los invasores instalaron unos cambuches con techo de zinc que fueron derribados por la Policía. En enero de 2013 empiezan a levantar mejoras en material con techos de eternit. El 20 de marzo de 2013 se llevó a cabo una diligencia de desalojo por la Inspección Sexta, a cargo de la inspectora Lesby Movilla, en reemplazo del titular Christian Manotas, quien estaba de vacaciones.
'Por la importancia y el problema del sector, se hacen visitas periódicamente. El día 12 de febrero se realizó un procedimiento de suspensión de obra sin licencia en zona de protección. Se hizo entrega de acta de suspensión y, en las que no se encontró el responsable, se procedió a dejarla pegada', reportó Cáceres, quien aseguró que la diligencia se llevó a cabo 'en calma' y con un apoyo permanente de la Policía.
El funcionario afirmó que la idea es continuar con los procesos sancionatorios y proceder con la demolición de las construcciones, sin embargo –dijo– continuarán realizando 'periódicamente operativos de verificación', con el fin de cumplir con las órdenes proferidas en este sector.
Para este operativo, Control Urbano informó que tuvo en cuenta el expediente número 720-2014, respecto al 'poseedor de los predios identificados con matrículas inmobiliarias 040-311356 y 040-164810, es decir, Luis Hernández Gores'.
La Fiscalía, que realiza una investigación sobre este tema, quedó en verificar el estado del proceso.
SITUACIÓN DE CALAMIDAD. Mediante Decreto distrital No. 0810 del 21 de agosto de 2012, 'por medio del cual se declara la situación de calamidad pública en unos barrios del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla', se estableció situación de calamidad pública en los siguientes sectores y barrios de la ladera occidental: La Florida, Las Terrazas, Las Américas, Siete de Abril, Me Quejo, Campo Alegre, Calamarí, Las Colinas, Villas de las Colinas, Prado del Edén, Edén, sector Nogales, y sector Ciudad Jardín.
También en Villa del Rosario, Las Estrellas, La Esmeralda, Lipaya, Carlos Meisel, Santo Domingo de Guzmán, Carrizal y La Manga. Por su parte, Ingeominas ha realizado estudios en la ladera occidental, estableciendo que debido a las características propias de dicho suelo, este genera amenazas para sus ocupantes por la ocurrencia de fenómenos de remoción en masa.
