El Ministerio del Interior designó mediante el decreto 397 a Gustavo García Figueroa como alcalde ad hoc con el fin de conocer las acciones judiciales que involucran al Distrito y a la constructora Alejandro Char y Compañía en el caso de Campo Alegre.
La Procuraduría General de la Nación ya había hecho la solicitud al Gobierno para que designara a un alcalde que se encargara del caso. De hecho, el mismo Char 'se declaró impedido para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de la sentencia T-473 del 15 de mayo de 2008 y la sentencia T-970 del 18 de diciembre de 2009 proferidas por la Honorable Corte Constitucional'.
El problema. En total 160 familias que residían en el conjunto de apartamentos tuvieron que abandonarlos porque su seguridad no estaba garantizada debido a los problemas de inestabilidad de los suelos del sector.
Por la situación presentada, en el 2006 los afectados presentaron una acción de tutela fallada por el Juzgado 11 Penal Municipal y después por el Cuarto Penal Civil del Circuito. En el 2008, por revisión fue fallada en la Corte Constitucional.
Desde noviembre de 2010, cuando salieron de sus apartamentos, el Distrito paga arriendos a 157 familias por valor de $750.000 mensuales. Sin embargo, los habitantes dicen que la sentencia no se cumple a cabalidad.
