La base de datos de la oficina Jurídica del Distrito de Barranquilla tiene identificados hasta la fecha 3.200 procesos judiciales presentados contra la administración. De acuerdo con las pretensiones de los demandantes, esos procesos le representan al Distrito unos 300 mil millones de pesos en caso de perderlos.
Jorge Padilla Sundheim, jefe de la oficina Jurídica, dice que el valor de las pretensiones de los demandantes no necesariamente corresponde a la decisión final del juez, por lo que considera que estas deben disminuir en un 80%, aproximadamente.
'Desafortunadamente esta oficina no tiene unos sistemas que permitan interactuar y saber realmente qué tenemos y cómo lo tenemos', indica.
El funcionario explica que las reclamaciones de docentes en contra del Ministerio de Educación, y en las cuales vinculan como demandado secundario al ente territorial, han incrementado los procesos judiciales y las contingencias solicitadas.
Más de la mitad de los procesos activos en contra del Distrito corresponden a nulidad y restablecimiento del derecho (laborales-administrativos).
Padilla considera que en el tema de las nulidades y restablecimiento del derecho tienen que identificar el motivo de las reclamaciones para poder saber de qué manera las abordarán.
El funcionario indica que estos requerimientos, por lo general, se presentan después de un proceso de reestructuración administrativa, de despidos o situaciones laborales de distinto ámbito con los empleados, que es donde se genera el mayor riesgo de litigios.
'Por qué nos reclaman: porque no pagamos los salarios, porque no pagamos las prestaciones o porque los desvinculamos y no pagamos las cesantías o porque los desvinculamos mal', señala y dice que el Distrito espera tener en un mes la información para conocer si se gana o pierde, cuál es la razón o causa que les está generando el inconveniente.
Padilla argumenta que aunque no hay una valoración cierta, de esos 3.200 procesos lo que sí es claro es que anualmente el Distrito destina entre 25 mil y 30 mil millones de pesos para pagos en contingencias judiciales. Es decir, que en cuatro años destinarán 120 mil millones, aproximadamente, que es una cifra 'bastante gruesa que hay que disminuir'.
PROCESOS DE 2015. En el informe que la oficina Jurídica y la secretaría de Hacienda presentaron al Concejo de Barranquilla en diciembre del año anterior, señalan que en el primer trimestre de la vigencia 2015 les notificaron 481 procesos por una cuantía pretendida de $82.519 millones. De esos, 250 demandas corresponden a nulidad y restablecimiento del derecho, 23 acciones de cumplimiento, 3 acción de grupo, 22 acciones populares, 11 demandas contractuales, 6 procesos ejecutivos, 2 fueros sindical con acción de reintegro, 76 procesos ordinarios laboral, un ordinario civil, 75 reparaciones directas y 12 de simple nulidad.
Lo anterior, según la oficina Jurídica, permite determinar una contingencia estimada de probabilidades de fallos en contra por valor de $12.503 millones.
BAJAN LOS EJECUTIVOS. El informe indica también que una de las principales metas trazadas por la administración distrital fue la de lograr la identificación plena de todos los procesos judiciales que cursaban en contra del Distrito, haciendo especial énfasis en los procesos ejecutivos, los cuales por su naturaleza especial, su contenido económico y las medidas cautelares de embargo que se decretan en su inicio, son los que mayor impacto tienen sobre las finanzas, llegando a congelar recursos propios o de destinación específica del Distrito, o desviando recursos de impuestos y tasas que en lugar de ingresar directamente al ente territorial, se desviaban a depósitos judiciales constituidos a favor de los procesos ejecutivos existentes.
Con la depuración de procesos y la defensa adelantada por la oficina jurídica, lograron, según Padilla Sundheim, reducir el número de los procesos ejecutivos identificados.
Al inicio de 2008 cursaban más de 550 procesos ejecutivos y actualmente hay 109 procesos, lo que refleja una reducción del 80%, cifra que la Administración espera seguir bajando pues están pendiente de varios fallo.
TÍTULOS RECUPERADOS. Igualmente, el informe deja conocer que el Distrito logró recuperar títulos judiciales por 90.164 millones de pesos entre 2008 y 2015.
El proceso de recuperación de títulos judiciales se inició con un 'exhaustivo ejercicio de depuración' con el Banco Agrario, las distintas empresas contribuyentes de Barranquilla y los diferentes juzgados, con lo que obtuvieron la identificación y ubicación de los dineros de propiedad del Distrito que estaban en títulos judiciales a favor de distintos procesos ejecutivos.
En 2015, el Distrito recuperó en depósitos judiciales 500 millones 925 mil 134 pesos.
‘LUPA JURÍDICA’. Jorge Padilla anuncia que el Distrito contrató a la empresa ‘Lupa Jurídica’ que hará un censo sobre todos los procesos, a efectos de mirar sus categorías para tener la información exacta y poder desarrollar acciones frente a cada una de las demandas.
El alcalde Alejandro Char pretende que el Distrito baje los litigios teniendo en cuenta que las entidades territoriales no están hechas para litigar, sino para servir a los ciudadanos, destaca el funcionario.
'Evidentemente, como cualquier persona jurídica y por la magnitud de sus actividades y funciones, es apenas obvio que tenga situaciones conflictivas con los ciudadanos por relaciones contractuales, por situaciones de hecho o situaciones laborales con sus empleados, pero el punto es que consideramos que debemos revisar y buscar la forma de disminuir esos litigios', destaca Padilla quien señala que Bogotá tiene menos procesos que Barranquilla.
Tecnificar trámites
Otro de los objetivos del alcalde Char es tener una página web con manejo interactivo para que las personas que deban adelantar algún trámite ante la Oficina Jurídica no tengan que trasladarse hasta la Alcaldía a hacer colas. La idea es que la ciudadanía vea la institucionalidad del Distrito de la manera más amigable, que la gente entienda que la Administración es su aliado y que hay un proyecto de ciudad en 'donde todos estamos del mismo lado', explica el jefe de la Oficina Jurídica, Jorge Padilla Sundheim. Dentro del plan para este cuatrienio, el mandatario distrital está interesado en tener vasos comunicantes institucionales con la administración judicial.
Plan de prevención
A finales de abril llegará a Barranquilla el presidente del Consejo de Estado, que viene desarrollando un programa de prevención del daño antijurídico. El propósito es que Barranquilla sea la entidad en la que se monte un módulo de prevención, al igual que con la Agencia Nacional de Defensa Judicial. 'La idea es trabajar de la mano con quienes van más avanzados en este tema para que nos apoyen con información y con líneas que nos permitan ser una entidad, primero, que cumple sus compromisos y sus obligaciones; segundo, que evita litigios, y tercero, una entidad de servicio'.
Otra defensa jurídica
Ante la discusión planteada sobre la legalidad del cobro de la estampilla pro Hospital de I y II nivel, el Distrito también inició una defensa jurídica para 'proteger la renta' teniendo en cuenta que esos recursos son utilizados en el desarrollo de la infraestructura hospitalaria. Uno de los argumentos expuestos por la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol (demandante), es que este tributo es 'inconveniente' en el sector por la 'alta carga impositiva'. Sin embargo, estudios realizados por la Gerencia de Gestión de Ingresos dice que no 'aportan más allá del 16% del total del recaudo anual, el restante 84% se recauda producto de las transacciones inmobiliarias que se realizan de inmuebles usados. El gremio ha emprendido varias acciones judiciales contra las ordenanzas departamentales que la han establecido y los acuerdos distritales que la han desarrollado, y el Distrito viene realizando las respectivas defensas judiciales.
Dato. En 2013 fue la vigencia en que lograron acuerdos conciliatorios por el orden de los $1.060 millones, logrando un ahorro estimado para el Distrito de $905 millones, dentro de los cuales se destacan 2 medios de control con pretensión de reparación directa, una contractual y una acción de nulidad para un total de cuatro casos conciliados.
