El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, se reunió con más de 2.000 productores de diferentes partes de la Costa Caribe, en Sabanas de San Ángel, departamento del Magdalena, para tocar el tema de la Ley de Restitución de Tierras, que está afectando a muchos habitantes rurales.
Ante el viceministro de Agricultura, Juan Pablo Díaz Granados; la alcaldesa local, Shirley Pimienta; el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal; el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie Rivera; el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez; un delegado de la gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes; representantes de la Policía y el Ejército; concejales y alcaldes, entre otros; el Jefe del Ministerio Público manifestó, que la Ley debe ser modificada.
'Vine porque tengo funciones preventivas, para advertir y señalar riesgos. Nos corresponde la defensa del debido proceso y el derecho a la defensa. Evaluamos las políticas públicas para perfeccionarlas con críticas constructivas; por eso podemos intervenir, en el tema de la restitución de tierras, como Ministerio Público. Conocemos muy bien la Ley, lo bueno, lo malo, lo regular', dijo.
Agregó que 'nos corresponde decir cuáles son la deficiencias que encontramos después de 5 años de vigencia de la norma. Sabemos qué es lo que se debe modificar. No podemos permanecer en silencio, porque desconoceríamos los derechos de los ciudadanos. Hay que rediseñar la Ley'.
'No se pueden confundir a opositores de buena fe con victimarios. La intención de la Ley fue sana, pero no se previó eso, y se han cometido muchas injusticias, y la paz debe ser fruto de la justicia. Si no hay justicia habrá escenarios de violencia', señaló.
El Procurador resaltó tres aspectos de la Ley: 'Con frecuencia hay una inducción perversa a los antiguos propietarios de las tierras, que no desean hacer reclamaciones, y los inducen a ello. En las zonas pudo existir violencia, pero en muchas ocasiones esa no fue la causa de la venta de los predios. La Ley se hizo para despojar a los despojadores, no a quienes adquirieron las tierras de buena fe; para combatir al delincuente, no al ciudadano. Tampoco en muchos casos hubo desplazamiento, porque el vendedor permaneció en la zona'.
Ordóñez indicó que le corresponde ahora en mesas de trabajo con los congresistas, explicarles la necesidad de modificar la Ley. Señaló que hay un Proyecto de Ley que está en trámite en el Congreso, y según el funcionario, se debe lograr una reingeniería de la Ley que responda a la realidad latente en muchas zonas del país. Se debe permitir que las dos partes lleguen a conciliaciones, a acuerdos. Y debe existir la posibilidad que sea el Estado el que compense e indemnice a las víctimas.
Por su parte Clímaco Torres, perteneciente a los Campesinos Segundos Ocupantes de Aracataca, Magdalena, dijo que 'hay despojo y arbitrariedades del Estado contra personas honestas. La Ley 1448, es una forma diabólica de compensar a personas que vendieron sus tierras en una etapa del conflicto, con razón o sin razón, y se castiga a otras personas que compraron de buena fe, también víctimas, y que sobrevivieron al conflicto e hicieron patria al seguir creyendo en el campo, y se les atropella'.
Gregorio Rafael Bravo, de la vereda Parapeto, ubicada entre Chibolo y Sabanas de San Ángel, Magdalena, señaló que 'hace 30 años que estoy en este sector, y sobrevivimos a los grupos al margen de la ley, pero ahora tenemos un problema grave: aparecen las mismas personas a las que nosotros les compramos, y diciendo que son desplazados cundo no lo son. Eso el estado debiera investigarlo'.
'Tenemos el caso de Carlos Arturo Londoño, compañero que le compró un predio a un banco; después vino el señor anterior dueño y se metió en la tierra, el banco le pagó a ése señor; y ahora han venido 3 veces con una orden de la Corte Suprema de Justicia para que les entreguen la tierra. Vamos a apoyar a nuestro amigo y eso no lo vamos a permitir', puntualizó.
Habitantes de la zona, aprovecharon la oportunidad, para expresarle al Procurador, que pasan muchas necesidades, por el abandono estatal: falta de vías, agua potable, alcantarillado, puesto de salud, ineficiencia eléctrica, entre otros aspectos.
