Las construcciones ilegales en el lote El Rubí, en Barranquilla, siguen apareciendo luego de más de dos años de haber comenzado. Estas continúan, pese a los operativos realizados por la Alcaldía Distrital, en los cuales ha realizado sellamientos y demoliciones de obras.
Así quedó evidenciado por la Fiscalía, que estuvo en el sitio, junto a personal del CTI y el grupo investigativo de delito contra el medio ambiente y recursos naturales, e informó que ha retomado la investigación de esta urbanización ubicada entre las carreras 37 y 38 y calles 82C y 84, en la ladera occidental.
En 2015, la Secretaría de Control Urbano realizó demoliciones de obras que fueron consideradas ilegales por no tener licencias de Curaduría y por estar en un área clasificada como 'no urbanizable y de riesgo'.
En terreno. Este miércoles el CTI convocó al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Corporación Regional Autónoma del Atlántico (CRA), y el Damab, autoridad ambiental en el Distrito, para iniciar la recolección de pesquisas, testimonio y pruebas en el sector.
Durante la diligencia, en la cual estuvo presente este medio, las autoridades encontraron que las edificaciones y viviendas que habían sido derribadas, han vuelto a levantarse. En unas 15 construcciones del terreno, donde el CTI y las autoridades llegaron, hay trabajos de albañilería en cimientos y edificaciones de viviendas. Una imagen aérea captada por este medio evidenció al menos 50 de estas viviendas en la zona.
Así mismo, en la visita al lote, se registraba un movimiento de entrada de camiones con material para construcción como ladrillos rojos y evacuación de escombros.
Foto tomada en febrero pasado. Se observa que el número de casas aumentó.
Un funcionario del Damab precisó que en el recorrido encontraron una mala disposición de residuos sólidos, una supuesta intervención de causa y una supuesta área de reserva alterada en la ladera suroccidental. El funcionario agregó que hay vestigios de movimiento de tierras.
Ingeominas declaró estos terrenos como de remoción y grandes movimientos de masas y en la ladera hay espacios públicos, porque tiene rondas hídricas y donde hay correntías que en épocas de lluvias pueden generar un riesgo. Así mismo, hay un área privada, que fue declarada con restricciones para construcción por ser un terreno inestable, recordó el funcionario del Damab.
Los investigadores del CTI analizaron que las investigaciones deben aclarar, con el concurso de los funcionarios del IGAC y de los entes ambientales, qué destino y uso se les está dando al material removido. Si se está sacando y se le da un destino comercial puede considerarse como una explotación de 'minería ilegal en mejor escala'. Esto quiere decir que los cortes de las tierras de la ladera en las partes bajas y se podrían estar utilizando para nivelar las zonas bajas; asimismo hubo una deforestación y tala de especies que tendrán que analizarse su impacto, explicó el funcionario del Damab.
El IGAC y peritos ambientales tendrán la función en la indagación de identificar a través de las fichas catastrales los límites y legalidad de los terrenos que hoy están ocupados y precisar las zonas calificadas como de reserva natural.
En contexto. Desde 2014, EL HERALDO evidenció la comercialización de terrenos en este predio, que tiene una extensión aproximada de 17 hectáreas. En ese momento, en la zona había unas ocho casas levantadas.
Pero, en marzo de 2015, el número de viviendas ya era cercano a 60. Fue en ese momento cuando la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público visitó la zona y aplicó un bloqueo a 32 construcciones consideradas 'ilegales' por no poseer licencias de Curaduría Urbana y por chocar con lo escrito en el POT. El resto de inmuebles quedó en pie porque había personas habitándolos o porque tenían acciones de tutela en curso.
Los últimos operativos del Distrito fueron en febrero, cuando, tras conocer la investigación de este medio, la Secretaría de Control Urbano, a cargo de Henry Cáceres, realizó una visita de inspección al terreno y encontró 11 nuevas construcciones irregulares.
Calamidad declarada
Mediante Decreto distrital No. 0810 del 21 de agosto de 2012, 'por medio del cual se declara la situación de calamidad pública en unos barrios del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla', se estableció situación de calamidad pública en los siguientes sectores y barrios de la ladera occidental: La Florida, Las Terrazas, Las Américas, Siete de Abril, Me Quejo, Campo Alegre, Calamarí, Las Colinas, Villas de las Colinas, Prado del Edén, Edén, sector Nogales, y sector Ciudad Jardín. También en Villa del Rosario, Las Estrellas, La Esmeralda, Lipaya, Carlos Meisel, Santo Domingo de Guzmán, Carrizal y La Manga.
