Entre risas, Marlene Pedroza dice que ir a la Comisaria de Familia de su municipio, Malambo, es 'contarle sus intimidades a todo el pueblo'. Más allá de las carcajadas, la joven de 25 años, quisiera encontrar un lugar que la respalde y que en vez de crearle un nuevo problema le solucione el que tiene hace más de un año con su marido.
Mientras Marlene atiende a los clientes de la panadería en la que trabaja, describe ese lugar –de cuatro metros de largo por cinco de ancho–, al que llegan cerca de 20 familias diarias a plantear y buscar conciliar sus problemas familiares.
'El lugar es demasiado pequeño para toda la gente que va, se demoran en atender, los niños se ponen a llorar, hace calor donde uno espera, y lo peor es que cuando toca contar el problema todos escuchan lo que uno dice', cuenta la mujer.
Unos acuden por violencia intrafamiliar, otros por controversias sobre la custodia y el régimen de visitas de menores, por obligaciones alimentarias o liquidación de la sociedad patrimonial. Según el Institufo Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en un 75 % la población infantil es la más afectada.
Un informe. La situación que narra Marlene es la principal problemática de las comisarías de Familias del Atlántico. Según un informe realizado por el equipo de trabajo del diputado Jorge Rosales, en 15 de los 22 entes conciliadores del Departamento –sin contar las siete de Barranquilla–, la intimidad está ausente por causa del hacinamiento.
Infraestructura inadecuada, falta de insumos, carencia de equipos tecnológicos, cuerpo de trabajadores incompletos, sin salas de audiencias y comisarios con múltiples funciones, son otros de los males que aquejan a estas entidades estatales.
Rosales asegura que en su visita a las comisarías del Departamento pudo constatar que 'no existen sino dos municipios, Santo Tomás y Repelón, que cuentan con espacios en buenas condiciones' para atender los casos de los afectados.
'En Luruaco, por ejemplo, la Comisaría funciona al lado de la poza séptica y se filtra el agua por las paredes, en Candelaria se les cayó la puerta y como solución pusieron cartones, en ese mismo lugar encontramos que la comisaria estaba sentada en una silla que tenía los resortes afuera, y otra la encontramos llena de murciélagos', apuntó.
En el caso de Ponedera, en una visita hecha por EL HERALDO, se evidenció como la comisaria del municipio, Lourdes Rúa, debe cumplir con tres funciones al tiempo: además de dedicarse a los conflictos familiares, es la Inspectora de Policía y de Tránsito.
'Hace unos meses nombraron otro abogado para descongestionar mis labores, ha solucionado un poco, pero quien responde por todo soy yo. Hace falta mucho más. Lo ideal es separar las entidades. Tenemos que atender muchos casos a la vez y las comisarías deben garantizar espacios donde las personas puedan expresarse sin tapujos', manifestó Rúa.
Las comisarías. De acuerdo con la Ley 1098 de 2006, el objetivo principal de las Comisarías de Familia es colaborar con el ICBF y con las demás autoridades competentes para proteger a los menores de edad, y para atender los casos de conflictos familiares. La norma indica que el comisario es nombrado por el alcalde o por concurso, y debe ser ciudadano en ejercicio, abogado inscrito, especializado en derecho de familia o de menores, con experiencia no inferior a un año, de intachable conducta moral, social y familiar y sin antecedentes penales o disciplinarios.
En Atlántico, en las oficinas de las comisarías regularmente laboran de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde. Sin embargo, la norma estipula que los comisarios pueden ser requeridos por la comunidad a cualquier hora, siempre y cuando, la situación amerite practicar rescates para darle fin a una situación de peligro.
'Cuando las personas llegan a las comisarías, recepcionamos el caso y orientamos a la víctima sobre las acciones legales a instaurar', señaló Lourdes Rúa.
La comisaria también indicó que cuando las víctimas llegan a la entidad se les verifica la garantía de los derechos en los casos de maltrato infantil, se les brinda atención en crisis por parte del equipo psicosocial, son remitidas a centros de salud para la atención de urgencias o a medicina legal para obtener un dictamen, se le entrega un oficio del caso a la Fiscalía, se toman medidas de protección para víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, y se realizan seguimientos a las familias.
Las comisarías deben tener entre su equipo interdisciplinario un abogado que tendrá el cargo de comisario, un médico, un sicólogo, un trabajador social y los demás funcionarios que determine el respectivo concejo municipal o distrital. La Policía Nacional le debe prestar su colaboración permanente.
Capacitación. La Gobernación del Atlántico, en aras a mejorar la atención de las comisarías del Departamento –como lo pidió en 2015 el Ministerio de Justicia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar–, brinda a los comisarios una maestría en Estudios de Género y Violencia Intrafamiliar en la Universidad del Atlántico.
Según explicó Ana María Fergusson, directora de Protección del ICBF, cuando el Gobierno Nacional pidió capacitar a los funcionarios de las 1.300 comisarías del país lo hizo porque 'las comisarías son el espacio en que las familias pueden tener a un mediador para todos sus conflictos y a través del cual pueden resolver sus problemas de manera adecuada'.
