Como lo informó EL HERALDO en su edición del domingo sobre los 99 procesos sancionatorios a 5 firmas de telecomunicaciones (Claro, Tigo- Une, Movistar, DirecTV y Avantel) por incumplimiento en licencias de instalación de antenas en espacios públicos y predios privados de la ciudad, la Asociación de Industria Móvil de Colombia (Asomóvil), que congrega a los operadores de Tigo, Claro y Movistar, se pronunció sobre la afectación del servicio debido a supuestas restricciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
Nancy Patricia Gutiérrez, presidenta de Asomóvil, tras ser consultada por este medio, manifestó que desde que entró en vigencia el POT de Barranquilla, en 2014, se generó una serie de barreras que, si se cumplen, asegura que afectan a cerca del 17% de usuarios de telecomunicaciones móviles en la ciudad.
El Distrito había informado, sin embargo, que las empresas no cumplieron los plazos otrogados para reportar la infraestructura con la que trabajan.
Gutiérrez dice que se requiere que la infraestructura se coloque donde haya mayor demanda de usuarios. Agregó que el hecho de que esté prohibido colocar antenas en las azoteas o terrazas de los edificios causa problemas de carácter técnico porque, si se bajan, los apartamentos y las oficinas de las partes altas de los inmuebles se van a quedar sin servicio.
'Las empresas no han podido cumplir con esas normas porque los afectados serían los usuarios', dijo. Entretanto, comentó que la industria espera que la administración distrital entienda cómo funcionan las telecomunicaciones y que no repercuta en sanciones.
La norma ordena el desmonte y la reubicación de antenas a determinadas zonas de espacios públicos. El Distrito dio un plazo de seis meses para que las empresas tramitaran licencias.
Entre las afectaciones más frecuentes hacia los usuarios, según Gutiérrez, está la caída en llamadas y en el servicio de internet, debido a que la naturaleza de las comunicaciones móviles consiste en pasar de una antena o otra, es decir que 'entre menos antenas, menos posibilidades de garantizar las prestación del servicio'.
Explicó, además, que cerca del 50% de la población tiene acceso a internet de las comunicaciones móviles, lo que requiere que haya muchas más antenas por todo el país.
Añadió que el año pasado, la ley del Plan Nacional de Desarrollo aprobó unas normas donde determina que la responsabilidad de instalación de la infraestructura le corresponde a las empresas y garantizarla le corresponde al Gobierno Nacional en coordinación con las autoridades territoriales, 'por eso la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), ha enviado cartas para que no se obstaculice el pliego de esas infraestructura'.
Estudio de la CRC. En principios de este año, la CRC realizó un análisis a 25 municipios del país sobre la calidad del servicio de telecomunicaciones.
En el estudio, se encontraron limitaciones en materia de instalación, altura máxima de torres, distancias, tiempos de permanencia de la infraestructura y prohibición en la instalación de nuevas antenas, por lo que emitió recomendaciones para las alcaldías de Bogotá, Cajicá, Cali, Ibagué, Lorica, Montería, Planeta Rica y Popayán.
Para ese momento, el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, David Luna, dijo que, parte del problema en el servicio, tiene que ver con que los POT prohíben o restringen el despliegue de infraestructura (antenas concretamente) para poder proveer un buen servicio. 'A eso hacen referencia las recomendaciones emitidas por la CRC', dijo.
