Recursos por el orden de los 33.201 millones de pesos han dejado de entrar a las finanzas de ocho municipios del Atlántico, por 'escasa gestión tributaria' de las Alcaldías, según lo evidenció una auditoría realizada este año por la Contraloría Departamental.
El contralor Carlos Rodríguez Navarro entregó a EL HERALDO detalles de los resultados de esta evaluación sobre gestión tributaria que aplicaron en las 21 poblaciones competentes para este órgano fiscal. Rodríguez enfatizó en que esta es la primera vez que la Contraloría le pone la lupa al cobro de los impuestos Predial e Industria y Comercio, a cargo de anteriores alcaldes municipales.
Los 33.201 millones de pesos fue el total de la cartera vencida, con más de cinco años, en las siguientes poblaciones: Sabanalarga ($15.697 millones), Ponedera ($4.673 millones), Repelón ($3.894 millones), Baranoa ($2.919 millones), Palmar de Varela ($2.445 millones), Polonuevo ($1.749 millones), Usiacurí (1.176 millones), y Santo Tomás ($648 millones).
'Las administraciones municipales no tiene un control o censo actualizado sobre los establecimientos comerciales y menos en sus distintas categorías, lo que implica que no tengan identificada la cartera por este concepto', indicó Rodríguez Navarro.
Además, aseguró que 'no hacen controles' que permitan evidenciar que lo declarado por el contribuyente es real. 'En la práctica se observó que hay contribuyentes que pagan la misma cuota mensual desde hace varios años sin que se haya actualizado o que se encuentre acorde al Estatuto Tributario', agregó.
La prescripción elevada cartera, según el informe, atenta contra las finanzas territoriales y conlleva también a la no ejecución de programas u obras para los habitantes de estos lugares. El contralor Rodríguez anunció que estos hallazgos serán remitidos a la Procuraduría 'por la omisión del recaudo de los recursos' para que analice los casos y decida las sanciones que podría aplicar a cada uno de los exmandatarios.
No reportaron
Sobre los otros 13 municipios que no son incluidos en las anteriores cifras, la Contraloría reportó que estos 'no presentaron' la información necesaria para la auditoría o que lo hicieron de manera extemporánea. En estos casos, el ente de control podrá adelantar procesos sancionatorios administrativos.
De acuerdo con el artículo 100 de la Ley 42 de 1993, los contralores podrán amonestar o llamar la atención a cualquier entidad de la administración, servidor público, particular o entidad que maneje fondos o bienes del Estado. Esta norma aplica, entre otras, por obstaculizar las investigaciones y actuaciones que adelanten las Contralorías, sin perjuicio de las demás acciones a que pueda haber lugar por los mismos hechos.
El siguiente artículo precisa que 'los contralores impondrán multas a los servidores públicos y particulares que manejen fondos o bienes del Estado, hasta por el valor de cinco (5) salarios devengados por el sancionado a quienes no comparezcan a las citaciones que en forma escrita las hagan las contralorías'.
Los municipios que enfrentan estos procesos legales son: Piojó, Luruaco, Puerto Colombia, Sabanagrande, Candelaria, Tubará, Manatí, Juan de Acosta, Santa Lucía, Malambo, Galapa, Suan y Campo de la Cruz. De la auditoría fueron excluidos Soledad y Barranquilla, dado que ambos tienen contralorías facultadas para estos procesos.
El contralor departamental hizo un llamado a los actuales alcaldes para que sean 'efectivos' en el sistema de facturación y recaudo de sus rentas, implementando el proceso administrativo de cobro por jurisdicción coactiva. Rodríguez afirmó que, en adelante, hará seguimiento de dicha gestión con el fin de evitar que se sigan perdiendo estos recursos que dejan de ingresar al tesoro de cada entidad territorial.
La 'falta de gestión tributaria', según la Contraloría, ha conllevado a que varios municipios estuvieran castigados por el Ministerio de Hacienda, al no asignarles recursos por Eficiencia Fiscal, tal como registra en el documento Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) 179 de 2016, anexo número 7. En esta lista están: Baranoa, Campo de la Cruz, Malambo, Manatí, Palmar de Varela, Piojó, Ponedera, Tubará y Usiacurí.
Carlos Rodríguez aseguró que hará una reunión con los alcaldes municipales para advertirles que mejoren su gestión de cobro porque 'en las próximas auditorías, del 2017, vamos a tomar medidas sancionatorias.
