El secretario de Movilidad del Distrito, Fernando Isaza, anunció que por tratarse de un servicio de transporte 'ilegal', los ciudadanos que en Barranquilla usen la plataforma de transporte público de lujo Uber serán sancionados por la Policía de Tránsito, lo que implicará una multa de $114.338, correspondiente a cinco salarios mínimos diarios legales vigentes.
Hasta el momento, según el funcionario, han sido impuestas más de cincuenta penalizaciones a usuarios de Uber y anunció que seguirán sancionando 'a quienes violen o faciliten la violación' de las normas, argumentando que no pueden permitir que 'se siga vulnerando el derecho al trabajo en condiciones justas' del gremio de conductores que trabajan ceñidos a la ley.
De acuerdo con lo expuesto por Isaza, el principal objetivo consiste en desestimular la utilización de la red de transporte privado que, hasta la fecha, no está legalmente habilitada para funcionar en Colombia.
Sostuvo el secretario de Movilidad que hasta tanto el Ministerio de Transporte no habilite la actividad de Uber en el país –aunque la empresa esté legalmente constituida–, la autoridad local no podrá estar de acuerdo con su funcionamiento por estar ofreciendo un servicio de transporte público en un vehículo particular.
En virtud de lo anterior, explicó que a quienes ofrezcan este servicio en un automóvil no autorizado le inmovilizarán, de acuerdo con las normas vigentes, el vehículo durante cinco días hábiles, con una multa que incluirá pagar el traslado en grúa a los patios y su permanencia en el lugar.
Si la persona incurre en la misma infracción por segunda vez, la detención será por veinte días.
En caso de que la situación sucede por tercera ocasión, el castigo aplicará por 40 días y al conductor se le cancelará de por vida su licencia de conducción.
Respecto a la identificación de los carros que presten el servicio de transporte público lujoso, Isaza afirmó que, conjuntamente con la Policía de Tránsito, están adelantando labores de inteligencia para 'poder determinar si una persona natural' está poniendo, de manera inadecuada, su vehículo a órdenes de la plataforma.
'Vamos a seguir haciendo operativos para desestimular el uso del servicio por plataforma tecnológica. Como autoridad de tránsito, es nuestra responsabilidad hacer cumplir las normas en Barranquilla', concluyó el secretario de Movilidad.
Reglamentación
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, reglamentó el mes pasado la prestación del servicio de lujo en la modalidad del transporte público individual de pasajeros.
Este dependencia gubernamental expidió la Resolución 2163 del 27 de mayo de 2016, en la que se establecen los requisitos que deben cumplir las empresas propietarias de las plataformas tecnológicas, como herramientas para atender el servicio público de lujo.
Sobre el particular, el ministro Jorge Eduardo Rojas sostuvo que esas decisiones buscan la prevalencia de criterios como el derecho a la igualdad de quienes prestarán ese servicio.
'Es una oportunidad para que el servicio se preste con herramientas que faciliten al usuario el acceso al servicio, mecanismos electrónicos de pago e información sobre la empresa prestadora y el conductor', afirmó el funcionario.
Rojas precisó que los vehículos particulares no podrán prestar, bajo ninguna circunstancia, el servicio de transporte público de pasajeros. Asimismo, conminó a quienes trabajan bajo esta modalidad que se abstengan de hacerlo con automóviles que no están habilitados para dicha labor.
Adicionalmente, recordó que los vehículos empleados para trabajar en el nivel de lujo serán de negros y deberán cumplir las características y especificaciones contempladas en el Decreto 2297 de 2015, como la franja a cuadros gris y negro que permitirá identificarlos.
Lo que dice Uber
Representantes de la plataforma de servicio de lujo afirmaron que Uber seguirá disponible en Barranquilla 'cuando y donde nos necesiten' porque son una empresa de tecnología 'legalmente constituida' en el territorio nacional.
De la misma manera, expresaron que continuarán insistiendo, a través de las vías institucionales, para que el país 'pueda adaptar sus normas a la realidad de innovaciones que promueven los viajes compartidos a través de aplicaciones, como ya ha pasado en más de 90 jurisdicciones alrededor del mundo'.
