Esthela Escorcia Montenegro ríe espontáneamente. El gesto genera diminutos pliegues en su rostro, que asemejan ondas de barro seco. Curvaturas despreocupadas que se esparcen, tras afirmar que la única forma de que alguien en su familia pida limosna en las calles es para la compra del cajón de su entierro.
La mujer de 78 años vive en el barrio Villa Marcela II de Sabanagrande, desde hace 14 años, cuando grupos paramilitares asesinaron a uno de sus hijos y tuvo que dejar su hogar. Como desplazada por la violencia señala que las ayudas del Gobierno han sido muy pocas para su familia.
'Al llegar aquí nos dieron esta casa, pero era más pequeña. Al año nos dieron $130 mil y en 2010 una compra y ya. Desde entonces no nos han dado más nada', asegura la veterana en la sala de su hogar. La abertura de la puerta y dieciséis calados de la pared, que colinda con la calle, brindan ventilación al recinto. En este, dos viejos refrigeradores vacíos y una bascula oxidada llevan dos días de desuso. Una mesa de madera, donde suele cortar el queso o la carne que comercializa, permanece más limpia que el piso rojo, en el que reposan sus pies descalzos.
Su hija, Rosa Mercedes Wilches, de 51 años, la escucha a sus espaldas. Observa los gestos de su madre desde una mecedora de madera con ‘la toca’ en el cabello. De repente, advierte que a los dos años desapareció otro hermano, que también vivía en el barrio. Una urbanización en el que se ha ejecutado el programa de viviendas de interés social de ‘Viviendas Gratis’ del Ministerio de Vivienda y ha beneficiado a más de 80 familias, víctimas del conflicto armado en la región.
En el Atlántico, a corte del primero de junio de este año, según la Red Nacional de Información (RNI), hay 220.259 víctimas de la violencia, 7 mil más respecto a la rendición de cuentas de la Unidad de Víctimas, en noviembre de 2015. De la actual cifra, 203.700 casos han sido producto del desplazamiento forzado, el hecho victimizante más común.
De acuerdo con el mismo registro, exceptuando el área metropolitana de Barranquilla, Sabanagrande es el municipio del departamento que más afectados por el conflicto alberga con un total de 4.236. Le sigue Santo Tomás con 3.359 y Sabanalarga con 3.253 víctimas. El que menos tiene es Usiacurí con 71.
'Después de asumir la administración, la oficina de víctimas no fue ajena a todo el proceso. Lo que hemos avanzado a día de hoy son las mesas de trabajo, fortaleciendo a los comités de víctimas. Emprenderemos una nueva jornada de atención psicosocial con el Bienestar Familiar', explica el alcalde de Sabanagrande, José Romero Cahuana, en la casa cultural del municipio, donde temporalmente la alcaldía ejerce sus funciones por la remodelación de su edificio. Lo rodean algunos miembro del Bienestar que acudieron al llamado para formular la jornada, prevista para finales de julio.
Javier De la Hoz, representante de las víctimas en el municipio, advierte entonces delante del mandatario, que 'falta que el Gobierno indemnice a las víctimas'. Que pasan mucho trabajo y que les quitaron las ayudas humanitarias, como arriendo y alimento, desde diciembre del año pasado.
'Las entidades territoriales nos dicen que nos van a indemnizar, pero no vemos la ayuda. La alcaldía nos está dando el espacio que hemos debido tener desde hace mucho tiempo', comenta De la Hoz, a la entrada de la casa. Mantiene el mentón alzado, dando constantemente una expresión de aburrimiento. Es víctima del conflicto desde 2000, luego de ser parte de uno de los 4 hechos de violencia sexual registrados en el municipio.
Expectativas
En sus calles, entre arenosas y encementadas, transitan miles de dramas generados por la violencia de este país. Una guerra de 54 años que deja hasta la fecha 8 millones de afectados, un millón más respecto a 2015 y alrededor de 230 mil muertos. Uno de ellos fue Pedro Charris, del municipio de Remolino, Magdalena, esposo de Alicia Lara Pavón. Esta ama de casa de 75 años pasa sus días en una vivienda de Villa Marcela I, donde hace labores domesticas y vive con una hija y nieto.
'Aquí han venido a darnos ayudas, como café, panela, jabón, arroz, manteca. Por libras, nunca dinero', afirma Lara Pavón, sentada en una silla del comedor. En una pared cuelga la foto de su esposo superpuesta en la imagen de un nevado. Entonces retoma la observación de hace unos minutos. Dice que no vio la transmisión del jueves, en la que Santos y el jefe de las Farc, alias ‘Timochenko’, sucribieron el fin del conflicto con esta guerrilla. Cuenta que estaba cocinando el almuerzo para sus familiares, pero que su hija le decía frente al televisor, con emoción, '¡Mami ese Santos si es bueno!'.
Es lo único que recuerda: la sonrisa de felicidad en su rostro. Una que probablemente se asemeja a la de Esthela Escorcia, al recordar que el viernes en la mañana un vecino le comentó sobre la firma del acuerdo. 'Ah sí sí, alguien me dijo cuando iba a buscar unas medicinas, que estamos más cerca de hacer la paz', comenta, curvando las mejillas.
En su casa no hay televisor y en la de Rosa, su hija, los más pequeños suelen apoderarse del artefacto con dibujos animados. Si no está acostada en su cama, cuando amanece con mareos, está caminando vendiendo queso o carne en las calles de Sabanagrande. El médico, dice, le recomendó 'caminar por la presión', pero solo por la 'sombrita'.
Tanto la veterana como Javier De la Hoz coinciden en afirmar que la situación de las víctimas es difícil porque muchos no consiguen trabajos. Mientras ella lo hace, mirando la calle, De la Hoz hace hincapié en el tema, observando el mural de memoria a las víctimas que permanece en el interior de la casa de cultura. Dos paredes del edificio utilizadas para inmortalizar en la conciencia sabanagrandera a las víctimas del conflicto. Para nunca olvidarlas, para honrar sus memorias, devolverles la dignidad, 'para sentar las bases de una cultura de paz y verdadera reconciliación', está escrito en el mural.
Santo Tomás
El municipio de Santo Tomás es el segundo del Atlántico que más víctimas del conflicto alberga. De los 3.359 casos reportados hasta el primero de junio de este año, 3.227 han sido afectados por el desplazamiento forzado, 881 por amenazas, 167 por homicidios, 10 por desapariciones, 4 por delitos sexuales, 2 por perdidas de bienes, uno por secuestro y otro tras ser víctima de una mina antipersona.
Sandra Colina Martínez, representante de las víctimas en el municipio, comenta en la sala de su hogar, que los afectados por la violencia en Santo Tomás aún esperan que la Unidad de Víctimas cumpla al 100% la ley 1448 de 2011, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
'El año pasado entregaron el proyecto productivo de empaque al vacío y quedó mocho porque no dieron materia prima, ni gestionaron el permiso de Invima para fabricar el producto y ponerlo en un almacén. La Uniautónoma entregó capacitación y ya', explica.
Dejó el municipio en 2003, luego de que su esposo y su hija menor fueron asesinados por paramilitares. Cinco años después volvió para continuar su vida y ayudar a la de otras personas que han sido afectadas por la violencia. Este flagelo para ella significa dolor y miseria. De forma serena y mirada sostenida dice que en alguna ocasión la llevó a dudar de Dios, pero que se arrepiente de ello. Que si un victimario demuestra arrepentimiento, alguien como ella podría 'perdonarlo de corazón, pero nunca olvidaría'.
