Los trabajadores del Departamento Administrativo de Medio Ambiente, Damab, pidieron al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, reconsiderar la decisión de liquidar la entidad, y le propusieron que los recursos para ese proceso los destine a inyectar económicamente la autoridad ambiental.
En rueda de prensa realizada ayer, el Comité Intersindical de Trabajadores del Damab se mostró en desacuerdo con la orden de liquidación y explicó que la falta de presupuesto, el poco personal que tiene la entidad y la falta de apoyo administrativo han impedido que desarrolle su misión como autoridad ambiental.
Aseguran que el ente tiene 74 empleados para atender una población de 1.500.000 habitantes, lo que significa —según el sindicato— que 'a cada trabajador le toca atender las quejas de 20.270 ciudadanos'.
Álvaro Gutiérrez, vicepresidente, dice que actualmente tienen un solo vehículo para atender Barranquilla. 'Cuando se presentan varios casos no tenemos vehículos suficientes para responder de manera oportuna. Perdimos alrededor de 100 muchachos que eran caminantes ambientales, hay sectores de la ciudad que no se está ejerciendo controles', explicó el dirigente sindical.
A eso se le suman –de acuerdo a sus declaraciones– los recursos que dejaron de llegarle al Damab por parte del Distrito. 'La única forma para que nos giren recursos es cuando los administradores judiciales, los jueces, los obligan vinculándolos ante demandas', agregó.
Por su parte, el abogado de los trabajadores, Antonio Bohórquez, sostiene que 'la administración Distrital debería pensar en ayudar al Damab, en vez de pensar en liquidarla'.
De acuerdo con las cifras de Bohórquez, la liquidación de la entidad cuesta aproximadamente 11.000 millones de pesos, teniendo en cuenta que a 30 de junio las deudas del Damab están en 7.7752 millones de pesos.
'Si va a costar tanto es preferible que la mejoren y no la liquiden', asegura el apoderado de las organizaciones sindicales.
Por otra parte, Álvaro Gutiérrez, vicepresidente del Comité Intersindical de Trabajadores, afirma que han intentado en repetidas oportunidades hablar con el alcalde Alejandro Char para exponerle el punto de vista de los empleados, pero no lo han logrado.
'El Distrito habla de una buena intención, de fortalecer a la entidad, pero todo se maneja secretamente. A ningún funcionario se le ha dicho en qué consiste el plan de mejoramiento, fortalecimiento, reestructuración o liquidación. Hemos estado abiertos al diálogo, pero no ha tenido eco en la administración central', indica el vicepresidente del sindicato, que tiene cinco años en el cargo.
Distrito responde
A raíz de la incertidumbre de los empleados que no saben qué ocurrirá con ellos, Jorge Padilla, secretario jurídico de la Alcaldía, explica que el personal será notificado con anticipación, pues este es un derecho que tiene.
'Son protocolos legales que van a respetar los derechos laborales que tengan, en la medida que los tengan. Deben tener la tranquilidad de que esta administración va a ser respetuosa de todos los procedimientos', señala el secretario.
El funcionario advierte que el Damab 'no es una entidad eficiente y que no está cumpliendo con los cometidos funcionales de orden ambiental' en el Distrito de Barranquilla.
En ese sentido afirma que esa es una de las razones de su liquidación. 'Además de que los números no dan, hay unas debilidades manifiestas en las prestaciones de los servicios ambientales, y ese es un tema que para el Alcalde es de relevancia', manifiesta el secretario Jurídico del Distrito.
Proceso jurídico
En el juzgado séptimo administrativo oral del circuito de Barranquilla, el abogado Antonio Bohórquez interpuso una demanda contra el Concejo Distrital por las facultades que le entregó a la entonces alcaldesa Elsa Noguera, para realizar el proceso de liquidación. 'La alcaldesa saliente no tenía en su programa de gobierno, ni en su plan de desarrollo la anunciación de que iba a liquidar a entidades como el Damab, por tal motivo ella no podía llevarlo a cabo, según dice la ley. Cuando va terminando su período gubernativo pide facultades que, por supuesto, no iba a desarrollar. Sin embargo, el Concejo se las concede y le da un año para que las desarrolle', es el argumento del abogado de los trabajadores, Antonio Bohórquez.
