El suicidio de una niña de 10 años en el municipio de Chía (Cundinamarca), en junio pasado, es el último caso grave asociado –aparentemente– al matoneo o acoso escolar que ha sido registrado por los medios de comunicación en Colombia. Si bien la institución educativa a la que estaba vinculada la menor de edad indicó que no tuvo reportes de agresiones contra ella, el hecho ratifica la importancia de que tanto padres de familia como docentes sepan advertir las señales de que una situación como esta pueda estar pasando.
Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, el matoneo 'es una de las formas de violencia estudiantil y se trata de una conducta agresiva y repetitiva de un estudiante hacia otro', y va desde hacer chistes que fomenten cualquier tipo de discriminación, pedir dinero a manera de extorsión, usar apodos humillantes, hasta enviar mensajes por internet o por celular con palabras o imágenes que lesionen la integridad de los menores, entre otros.
En los dos últimos años ante la Secretaría de Educación del Atlántico han sido reportados seis casos de presunto acoso escolar que, luego de investigaciones con comisiones especiales, fueron identificadas como 'situaciones aisladas que afectaban la convivencia escolar', y que igualmente fueron tratadas.
Empero, el secretario de Educación del Departamento, Dagoberto Barraza, recomienda a todos los involucrados en la educación de los niños estar atentos a las señales que pueden indicar que están siendo víctimas de acoso de compañeros. En esto, advierte, 'es importante la habilidad del docente para observar estos aspectos'. Puede ser, por ejemplo, un desmejoramiento en sus resultados académicos, o que comience a faltar a clases de manera injustificada o que somatice enfermedades como dolor de cabeza, malestar gastrointestinal, mareos, etc. Otros se muestran más irritables y agresivos. También se puede observar que el menor se encuentra generalmente solo cuando está en el patio o en educación física, menciona Barraza.
En cuanto se reconozca un caso se debe identificar qué tipo de situación es para decidir qué protocolo y acciones implementar. De acuerdo con la Secretaría de Educación, hay tres tipos (incluidas en la Ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario 1965 de 2013), y están contempladas dentro la ‘Ruta de Atención Integral: promoción, prevención, atención y seguimiento’. Ésta articula las entidades del Estado y de la sociedad para darle protección al alumno cuyos derechos en un momento dado se vean vulnerados.
Tipo I: conflictos manejados inadecuadamente y situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar. No generan daños al cuerpo o la salud mental. En cuanto al manejo se contempla establecer compromisos de restablecimiento de derechos y reconciliación.
Tipo II: situaciones de agresión escolar, acoso escolar y ciberacoso que no revistan las características de la comisión de un delito. Que se presenten de manera repetida y sistemática, o que causen daño a la salud física o mental sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados. Se recomienda brindar atención inmediata a los afectados, remitir a las autoridades administrativas cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos; adoptar medidas de protección a los involucrados para evitar acciones en su contra; informar de manera inmediata a los padres o acudiente; generar espacios para exponer lo acontecido y generar acciones restaurativas para los daños causados, como el restablecimiento de derechos y la reconciliación; analizar el caso y el seguimiento de acciones por parte del Comité Escolar de Convivencia.
Tipo III: situaciones constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y libertad sexual. Se debe brindar atención inmediata en la salud física o mental de los afectados; informar de manera inmediata a la Policía (Policía de Infancia y Adolescencia), lo mismo que a padres de familia o acudientes; adoptar medidas para proteger a la víctima, al presunto agresor y a todas las personas involucradas; poner en conocimiento de la situación al Comité Escolar de Convivencia y al Comité Departamental de Convivencia; a la autoridad que ejerza jurisdicción sobre el establecimiento educativo.
A los padres, Barraza les recomienda informar a la institución educativa cualquier sospecha que tengan de que su hijo esté siendo víctima de acoso escolar o que esté involucrado en acciones que afecten la sana convivencia escolar, pues cada establecimiento educativo tiene su protocolo para definir las acciones que deban seguir de acuerdo al caso. 'Aprovecho esta oportunidad –sostiene-, para hacer un llamado a toda la comunidad educativa en especial, a los padres de familia cuya participación activa es crucial para el éxito de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la escuela en el desarrollo de destrezas sociales positivas y comportamientos saludables que conllevan a una sana convivencia'.
En su portal para niños, niñas y adolescentes, el ICBF dice que en el manejo de estas situaciones hay que tener en cuenta las dos partes: el agresor y la víctima. 'Ambos requieren atención profesional y cuidado del colegio, los padres y la red social de apoyo', recalca.
Una forma de matoneo que ha ido masificándose es el ciberbullyng o ciberacoso que se presenta a través de redes sociales y, en general, de canales digitales. Pese a las recomendaciones de las autoridades sobre la forma de identificarlo y la pertinencia de reportarlo, se presenta con frecuencia lo que deja abierto el cuestionamiento de si hay necesidad de una legislación sobre el tema acorde a la actualidad.
Suicidios de menores
A propósito del caso de la niña de Chía, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses advierte en su publicación Forensis 2014 que el suicidio de jóvenes ha ido aumentando considerablemente en el país. Ese año, de hecho, se presentaron en Colombia 181 casos en menores de edad, de un total de 1.878 necropsias por suicidio. Hubo un aumento de 68 casos frente al año anterior.
También advierte Medicina Legal que 'la prevención requiere más participación de los ministerios de Salud y Educación para promover líneas de investigación del fenómeno del suicidio, conducta suicida y sus diferentes factores de riesgo en escuelas, colegios, universidades de pregrado y posgrado'.
