El Sistema Penal Oral Acusatorio en el Atlántico colapsó porque la demanda es mayor que la oferta. Atlántico debería tener 25 jueces penales y apenas tiene 12, a lo que se suma que cada fiscal debe leer en promedio seis procesos por día teniendo en cuenta que maneja entre 800 y 1.000 casos anuales, a lo que se suma el que la Unidad de Reacción Inmediata esté desbordada.
A esta conclusión llegaron los participantes en la cumbre sobre el Sistema Penal Oral Acusatorio que se cumplió este viernes en Barranquilla en el que participaron el gobernador (e) Rachid Náder, el secretario del Interior, Guillermo Polo; el presidente de la Cámara de Representantes, Miguel Ángel Pinto, así como jueces, abogados.
El foro fue organizado por la Gobernación del Atlántico y la Fundación Protransparencia que dirige el periodista Horacio Brieva.
gobernacion y fundación protransparencia.
En el mismo escenario coicidieron en que se requiere crear 3.000 nuevos cupos penitenciarios en el Departamento del Atlántico y una mejor coordinación para la atención de situaciones de carácter local que ameritan otro tipo de procesos, así como el descongestionamiento con delitos menores que distraen el accionar de la justicia, fueron considerados, entre otros aspectos, como parte de las soluciones a la crisis que hoy vive el sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) en esta zona del país.
El evento se desarrolló en Combarranquilla Country y fue el primer ejercicio de deliberación en torno a este sistema casi 9 años después de su materialización en el Atlántico, en el que se hizo un ejercicio 'franco y descarnado de su realidad'.
Explicaron que hay fiscales que tienen una excesiva carga de procesos, llegando algunos a tener incluso 1.500 casos al año. También es urgente mejorar la infraestructura, la tecnología y los insumos para la investigación criminalística.
Los jueces de conocimiento y de control de garantías también tienen excesiva carga, se planteó. Además, no hay suficientes salas de audiencia que permitan agilizar los procesos penales, y mucho menos se tienen salas de audiencia virtuales.
En el Atlántico el hacinamiento carcelario es del 137%, lo que significa que las cárceles están más que dobladas en su capacidad.
El secretario del Interior, Guillermo Polo Carbonell, hizo varios anuncios de inversión en el SPOA. Uno apunta a reducir de manera considerable el hacinamiento carcelario por ser un factor de violación de derechos humanos. Otro tiene que ver con la creación de 23 salas de audiencias. Y el otro se relaciona con el mejoramiento de la justicia cercana al ciudadano expresado en que las comisarías de familia y las casas de justicia tengan el personal interdisciplinario adecuado. Estas iniciativas dan respuesta a la sobrepoblación en las cárceles, al continuo aplazamiento de las audiencias, y disminuyen la presión al sistema evitando que ingresen casos que pueden solucionarse por vía administrativa.
