Después de casi 9 años de la implementación del Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) en el departamento del Atlántico, ayer se realizó una cumbre regional en la que se hizo un ejercicio 'franco y descarnado' de su realidad.
Una de las conclusiones del ejercicio es que el sistema penal en Atlántico 'colapsó porque la demanda es mayor que la oferta'. Atlántico debería tener 25 jueces penales y apenas tiene 12. A esto se suma que cada fiscal debe leer en promedio seis procesos por día, teniendo en cuenta que maneja entre 800 y 1.000 casos anuales, y la Unidad de Reacción Inmediata está desbordada.
El evento, organizado por la Gobernación del Atlántico y la Fundación Protransparencia, fue liderado por el gobernador (e) Rachid Náder y el secretario del Interior, Guillermo Polo. Asistieron el presidente de la Cámara de Representantes, Miguel Ángel Pinto, fiscales, jueces, abogados, así como representantes de la Procuraduría, Inpec, Defensoría del Pueblo y demás miembros de la rama judicial.
Durante el encuentro también se analizó el problema de hacinamiento carcelario. El secretario del Interior señaló que la creación de 3.000 nuevos cupos penitenciarios en el Departamento del Atlántico (lo que se conseguiría con la construcción de tres nuevas cárceles) sería parte de la solución a la crisis que hoy vive el SPOA en esta zona del país. El propósito también es sacar las cárceles de los centros urbanos.
'Ya el Inpec realizó la visita técnica a siete lotes, de los cuales, dos fueron los escogidos y estamos ya en la definición de la propuesta financiera, es decir, si se va hacer por obra pública o una alianza publico privada (APP). La idea es que en 2017 se abra el proceso de contratación', explicó Polo ante los asistentes.
El planteamiento del secretario fue refutado por el abogado penalista Miguel Bolívar Acuña, quien considera que antes del anuncio de tres nuevas cárceles, le hubiera gustado escuchar de la Gobernación sobre la creación de una universidad popular o cinco colegios en los municipios del Atlántico .
'Nosotros no necesitamos más cárceles, sino menos delincuentes y para que haya menos delincuentes lo primero que tenemos que analizar no es el problema carcelario, sino las causas que generan el delito', afirmó.
De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en el departamento el hacinamiento en los centros de reclusión es del 137%, lo que significa que 'las cárceles están más que dobladas en su capacidad'.
En el encuentro de las autoridades judiciales, igualmente explicaron que 'es urgente mejorar la infraestructura, la tecnología y los insumos para la investigación criminalística'.
Se planteó que los jueces de conocimiento y de control de garantías también 'tienen excesiva carga'. Además, advierten que no hay suficientes salas de audiencia que permitan agilizar los procesos penales, y mucho menos se tienen salas de audiencia virtuales.
Inversiones
El secretario del Interior, Guillermo Polo, hizo varios anuncios de inversión en el SPOA. Uno es la construcción de las cárceles que apunta a reducir de manera considerable el hacinamiento carcelario por ser un factor que viola los derechos humanos de los reclusos. Otro tiene que ver con la creación de 23 salas de audiencias. Y el último es la asignación de personal interdisciplinario en las comisarías de familia y casas de justicia, con el fin de mejorar la justicia cercana al ciudadano.
'Estas iniciativas dan respuesta a la sobrepoblación en las cárceles, al continuo aplazamiento de las audiencias, y disminuyen la presión al sistema evitando que ingresen casos que pueden solucionarse por vía administrativa', anotó.
'Cartel de los abogados'
A juicio del presidente de la Cámara, Miguel Ángel Pinto, hay que acabar con el denominado 'cartel de los abogados' conformado, según dijo, por 'juristas que dilatan el cumplimiento de las audiencias', con el único propósito de generar impunidad a partir del vencimiento de términos, situación que amerita reformas en el proyecto, para aplicar los correctivos que se requieren.
Ante ese planteamiento de Pinto, el abogado penalista Miguel Bolívar Acuña le respondió que no puede generalizar porque 'no todos pertenecemos al cartel', 'los abogados nos defendemos como es apenas lógico, no somos un cartel de badulaques que se aprovechan del aplazamiento de las audiencias para poder hacer del proceso una ‘hamaca para mecerse’ y para llegar a la impunidad. No señor. Los abogados somos un grupo de gente seria y respetable. Si algunas personas hacen mal uso de eso, no se puede generalizar', dijo en abogado.
El gobernador (e), Rachid Náder, recordó que la Gobernación viene realizando una intervención en la Cárcel Modelo para mejorar los niveles de convivencia con la estrategia 'Goles de Paz'; además, dispusieron de un grupo de abogados para agilizar las salidas de quienes ya cumplieron su tiempo de reclusión.
'Estos abogados están encargados de revisar, caso por caso, para descongestionar este establecimiento carcelario, es una forma de ayudar al sistema y a estas personas que muchas veces no tienen los recursos para hacerle seguimiento a sus procesos', puntualizó Náder.
