El fallo de primera instancia de la Procuraduría por la investigación a un grupo de 16 concejales y ex concejales de Barranquilla se dará a conocer el próximo 30 de diciembre, de acuerdo con fuentes cercanas al órgano de control. Este proceso se lleva a cabo por la aprobación de un impuesto al servicio de telefonía móvil sin tener, al parecer, la competencia para hacerlo.
Por medio de un procedimiento verbal, la Procuraduría investiga a los cabildantes Orlando Eugenio Díaz Peris, Osvaldo Díaz Insignares, Óscar David Galán, Juan Ospino Acuña, Carlos Rojano Llinás, José Trocha, Juan José Vergara y Luis Zapata, así como a los exconcejales Máximo Acuña, Jesús Audiveth Gaviria, Hilario Bustillo, Lao Herrera, José Oñoro, Jorge Rangel Bello y Julio Sierra.
De acuerdo con los hechos investigados, los 16 cabildantes presuntamente aprobaron el proyecto de Acuerdo No. 0019 de 2015 por el cual se creó un impuesto a la telefonía móvil, sin estar esto dentro del ámbito de sus funciones y teniendo en cuenta que este es un servicio público nacional y las normas citadas como fundamento del acto administrativo habían perdido vigencia por carecer de los requerimientos previstos en el artículo 338 de la Constitución.
Uno de los implicados, que pidió reserva de su identidad hasta tanto se conozca la decisión, manifestó que después de revisar con sus abogados los componentes jurídicos del caso 'sabemos que no existe ninguna ilegalidad'. En esa dirección, dijo esperar que la Procuraduría 'reconozca' lo mismo.
En cuanto a los argumentos presentados durante la declaración que rindieron la semana pasada, se limitó a decir que están defendiendo su posición y que los abogados defensores les han sugerido 'prudencia' en el manejo de la información.
EL HERALDO intentó comunicarse en repetidas ocasiones con varios de los concejales y exconcejales investigados para conocer su posición respecto al tema, pero la mayoría de ellos no contestó sus teléfonos ni respondió los mensajes enviados, pese a que los leyeron.
Señala el auto de citación a audiencia que '(…) si bien es cierto tenían atribuciones para crear impuestos, no es menos cierto que estas potestades estaban limitadas por la Ley y, por lo tanto, no las podían usar para una finalidad distinta'.
La Procuraduría indicó que a pesar de que los investigados tenían la competencia de votar los tributos y gastos locales, esto debe estar armonizado con las condiciones que imponen las normas superiores de la Carta Magna.
La Procuraduría Regional del Atlántico calificó la posible falta de los concejales como 'gravísima a título de culpa gravísima'.
