Este viernes tuvo lugar la inauguración del colegio Nobel Juan Manuel Santos, en Soledad (Atlántico), que contó con la presencia del presidente de la República, el vicepresidente y las ministras de Educación y Vivienda.
Ante el homenaje, el jefe de Estado le pidió al alcalde de ese municipio, Joao Herrera, que cambiara el nombre de la institución.
Esta particular petición, que para muchos podría parecer un desplante, tiene su origen en el decreto 1678, expedida por el presidente Alberto Lleras Camargo en el año 1958.
Según la norma, está prohibido colocar nombres de funcionarios del Estado a 'bienes que sean de uso público y sitios u obras pertenecientes a la Nación', así como tampoco se podrá colocar grabados o retratos que puedan interpretarse como homenajes a los trabajadores de oficinas públicas.
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'Se considera una obra pública toda aquella que haya sido ejecutada con dineros del Estado y con recursos públicos', explica el abogado especialista en derecho administrativo, Argiro Luján.
'Si un funcionario público incurre en alguna falta, podrá verse expuesto a sanciones disciplinarias que pueden ser de multa, de suspensión y de destitución, pero será solamente la Procuraduría la que defina qué tan grave o leve es la falta del funcionario y que tipo de sanción se le debe imponer', agregó.
Aun así, esta norma también tiene su excepción.
Durante el mismo evento el alcalde soledeño, Joao Herrera, se defendió sobre su decisión y dijo que la misma comunidad había solicitado ponerle ese nombre a la institución, lo que sería una excusa valida contenida en el decreto 2759 de 1997.
Según el citado decreto, expedido por el expresidente Ernesto Samper y que modifica el artículo quinto del decreto de Lleras Camargo, la colocación del nombre de un funcionario vivo a un bien del Estados podría ser válido en dos casos.
Estos son: cuando esta sea una solicitud de la comunidad y si la persona en mención ha 'prestado servicios a la Nación que ameriten tal designación'.
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A pesar de que este criterio validaría que el colegio recién inaugurado y que albergará a unos 940 estudiantes lleve el nombre de juan Manuel Santos, para el abogado constitucionalista Fernando Borda la decisión del presidente pudo tener que ver más con el tradicionalismo.
'Siempre ha sido una constante que no se le pueda poner el nombre de una persona viva a una obra pública, así que seguramente él (Santos) lo hace para preservar esa costumbre que se ha tenido en el país', afirma el letrado, quien cree que querer o no su nombre en un colegio también es algo 'muy personal'.
