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Los propietarios afectados por los deslizamientos en la ladera firmaron un documento mediante el cual le piden al Ministerio Público que solicite al Consejo de Estado asumir competencias en este proceso.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el Distrito de Barranquilla y las 8 constructoras apelaron la sentencia que salió en agosto de 2016 que los 'obliga a indemnizar de manera solidaria a unos 2 mil propietarios afectados por los deslizamientos en la ladera'.

En visita a EL HERALDO, el abogado Roberto Tapia explicó que por competencia le corresponde al Tribunal conocer de la segunda instancia, pero en enero hubo una reunión en Combarranquilla y más de 500 personas firmaron un documento en el que le piden al Ministerio Público (Procuraduría Regional) que le pida al Consejo de Estado que en desarrollo del artículo 271 del Código de lo Contencioso Administrativo asuma esa competencia y que no sea el Tribunal quien conozca en segunda instancia ese proceso.

'Ese artículo nos dice que cuando hay procesos que tienen unas connotaciones sociales-económicas, el Consejo de Estado dada la trascendencia del proceso, puede asumir esa segunda competencia que le corresponde al Tribunal'.

Según Tapia, el proceso tiene connotaciones económicas para los propietarios y los demandados, puesto que el proceso vale más de $200 mil millones.