El sábado de Carnaval de 1992, Barranquilla despertó con la impactante noticia que diez indigentes habían sido asesinados, algunos a trancazos y otros a bala, dentro de la Universidad Libre.
Días después de conocerse el hecho, en una edición de domingo, EL HERALDO publicó una nota titulada ‘Asesinatos de indigentes sí se cometieron en la Unilibre’, en la que informó que los crímenes se habían registrado dentro de la institución de educación superior, ubicada en la carrera 46 con calle 48.
'La matanza de los indigentes, cuyos cuerpos aparecieron en el anfiteatro de la facultad de Medicina de la Universidad Libre de esta ciudad, sí se cometió en la instalaciones del claustro universitario, según lo revelaron los resultados de las investigaciones de carácter técnico que adelantan funcionarios de la Policía Judicial (…)'.
Varios funcionarios del alma máter, desde vigilantes hasta directivos, se vieron envueltos con el asesinato colectivo de los habitantes de la calle, cuyos cuerpos –según los involucrados– servían para evitar que la clase de anatomía declinara y también para comercializar uno que otro órgano.
Con las pesquisas de los expertos en balística, además, se pudo establecer que los disparos que se les propinaron a las víctimas, después de asestarles los garrotazos, se hicieron con el mismo revólver que fue hallado escondido dentro la universidad, y el cual pertenecía a uno de los vigilantes.
En dicha publicación de este medio, también se dio a conocer que dos de los vigilantes confesaron su participación en la matanza y confirmaron que recibían $130.000 por cada cuerpo sin vida que aportaban al anfiteatro, el cual estaba a cargo de Sebastián Sabalza Estrada.
