A Gas Natural Fenosa (GNF) aún le queda una vía legal para retomar el control de Electricaribe, que este martes fue declarada en proceso de liquidación por el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, José Miguel Mendoza. 'Si aparecen con un cheque de gerencia por $1,5 billones, la ley les da esa posibilidad', aseguró el funcionario a EL HERALDO.
José Miguel Mendoza precisó que no es una opción establecida por la Superintendencia. Explicó que es una alternativa legal, fundamentada en el artículo 115 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero colombiano. Precisó que la normativa dice que 'una liquidación se puede convertir en administración si la compañía (propietaria) puede cumplir con su objeto social'.
Para que eso ocurra –reiteró Mendoza– Gas Natural Fenosa tendría que 'comprometerse seriamente' en un plan de inversiones por los montos requeridos.
Las proyecciones de flujo de caja, realizadas por el agente especial interventor, Javier Lastra, arrojaron un déficit de $294.000 millones para 2017, bajo un supuesto de inversiones por $264.000 millones en la compañía. Los cálculos excluyeron pagos correspondientes a obligaciones bancarias que fueron suspendidas al momento de la toma de posesión. De agregarlos, el saldo negativo aumentaría a $424.000 millones en el presente año.
El Superintendente de Servicios sostuvo que 'no hay un plazo límite establecido' para que la compañía española aporte los recursos que le permitirían retomar el control de Electricaribe. 'Lo pueden hacer mientras dure la liquidación'.
Delegados del Estado colombiano y de GNF, sin embargo, llevan más de ocho meses en conversaciones y aún no han logrado un acuerdo. Fuentes del Gobierno han dado a conocer que la oferta de capitalización de Gas Natural a Electricaribe apenas llegaría a los $200.000 millones. Han reclamado a la Nación el pago de 1.100 millones de euros (3,6 billones de pesos) por fraudes e impagos en el servicio eléctrico de la Costa.
La empresa Electricaribe, cuyo accionista mayoritario (85%) es Gas Natural Fenosa, fue intervenida el 15 de noviembre de 2016 por una crisis financiera que la tenía en riesgo de 'cesación de pagos' a las generadoras. Además, resolvió la Superservicios que no garantizaba las 'condiciones de prestar el servicio de energía con la continuidad y la calidad debidas'.
La toma de posesión tomó un nuevo rumbo este martes, cuando Mendoza declaró que sería liquidada en un 'proceso rápido', que estiman dure unos 12 meses. Entonces, el servicio de energía de 2,5 millones de usuarios en la Región Caribe tendría que ser manejado por otra empresa.
Mendoza afirmó que el proceso de liquidación de Electricaribe fue una decisión 'absolutamente técnica', con lo que negó que, previo a la resolución del martes, pudiese haber incidencia alguna de los diálogos Gobierno - Gas Natural. Recordó que llevan cuatro meses 'haciendo estudios, construyendo un modelo financiero y proyectando las inversiones hacia el futuro'. 'Cualquier presión política no incide en nuestras decisiones. Es técnica y está orientada a proteger a los usuarios'.
El funcionario aseguró que ha 'decidido deliberadamente' abstenerse de participar de las conversaciones con la multinacional ibérica, porque 'no me corresponde como superintendente sentarme a negociar las potestades legales de la ‘Super'. 'Si los españoles producen ese cheque de gerencia o esas inversiones para mejorar el servicio, como consecuencia de una negociación con el Gobierno, pues se toman unas decisiones. Pero en todo momento técnicas'.
Tras cuatro meses
Para lo primero que han servido los cuatro meses de posesión han sido para concluir que Electricaribe 'no es viable hacia el futuro', según la Superintendencia. José Miguel Mendoza explicó que, en segundo lugar, les ha dado una 'mejor idea' de qué tan deteriorada están las redes de distribución. 'Están en un estado crítico'. 'Hay que hacer pronto las inversiones y por eso buscamos llevar rápido a feliz término la liquidación'.
El superservicios afirmó que agente Lastra y el presidente de la empresa (Edgardo Sojo) son los encargados de mantener la operación del servicio. Para ello –dijo– el Gobierno ha dispuesto de $470.000 millones, que también sirven de garantías a los contratos de compra de energía.
'La red sí está en un estado crítico, pero trataremos de prestar el mejor servicio posible con las condiciones actuales de la red. Vamos a redoblar esfuerzos para que no ocurra algo calamitoso, como advertí, porque recibimos una compañía en estado deplorable', puntualizó Mendoza.
La posibilidad que aún tiene abierta Gas Natural Fenosa chocaría con la posición que han expresado varios mandatarios de la Región Caribe, que celebraron la liquidación de Electricaribe y salida de GNF, una medida que han exigido reiteradamente.
¿Qué dice la ley?
El artículo 115 del Estatuto Financiero precisa: Si en el desarrollo del proceso de liquidación se encuentra que es posible colocar la entidad en condiciones de desarrollar su objeto social o realizar actos que permitan a los ahorradores, inversionistas o depositantes obtener mejores condiciones para el pago total o parcial de sus acreencias de acuerdo con lo dispuesto en este artículo, se adopten, previa decisión en tal sentido de la Superintendencia Bancaria, las medidas para el efecto. Igualmente, si durante la administración de la entidad se encuentra que no es posible restablecerla para que desarrolle regularmente su objeto social, se podrán adoptar, previa decisión en tal sentido de la Superintendencia Bancaria, las medidas necesarias para su liquidación.
