La decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos de liquidar Electricaribe, compañía en la que la española Gas Natural Fenosa tiene 85% de participación, ha puesto los ojos en las implicaciones que este proceso tendrá en la relación bilateral entre España y Colombia.
Dicha preocupación no es menor pues entre las dos naciones se mueven miles de millones de dólares por cuenta de los acuerdos comerciales y las inversiones públicas y privadas que requieren de 'seguridad jurídica y credibilidad', como lo recomendó el pasado viernes el ministro de Economía, Industria y Competitividad de España, Luis de Guindos.
Y aunque hay que destacar que existe un gana-gana gracias a los diferentes acuerdos comerciales, es mayor el beneficio que recibe Colombia, que el que le deja a la economía española.
Un ejemplo de ello es la diferencia entre las exportaciones e importaciones. En enero pasado, mientras que a ese país se vendieron USD107,90 millones, solo se compraron USD80,81 millones. A esto se suma que España representó el tercer destino de las ventas nacionales, después de Estados Unidos y Panamá.
En cuanto a las inversiones directas entre los dos países, de enero a septiembre del año pasado, desde España llegaron USD1.039 millones por cuenta de Inversiones Extranjeras Directas (IED), mientras que desde Colombia a ese país entraron unos USD201 millones.
Es por ello que para el Gobierno nacional es importante mantener las buenas relaciones con esa nación, como lo reafirmó ayer el presidente Juan Manuel Santos, a través de su cuenta en Twitter: 'Hablé con presidente español @marianorajoy. No permitiremos que caso Electricaribe afecte óptimas relaciones diplomáticas y comerciales', indicó el mandatario.
Pese a esto, lo que viene en el caso de la energética no es positivo, pues GNF tiene previsto demandar al Estado colombiano y pedirá ser indemnizada con 1.000 millones de euros (USD1.071 millones).
'El Gobierno colombiano tiene la obligación de defender a los usuarios, como lo ha hecho. Y la Superintendencia actuó dentro de un marco legal para tomar esa decisión. Sin embargo, es normal que el gobierno español defienda los intereses de la empresa española, lo que podría enfriar las relaciones un poco', analizó el excanciller Fernando Araújo.
Agregó que pese a esto, se espera que entre los dos países 'las relaciones sigan siendo superiores, como lo son en este momento y siempre lo ha sido'.
Más allá de las cifras
La necesidad de mantener las buenas relaciones con España van más allá de los números, pues ese país ha sido clave para Colombia en otros procesos.
Por ejemplo, fue el presidente Mariano Rajoy quien impulsó al interior de la Unión Europea la eliminación de la Visa Schengen para los colombianos, así como la firma de un acuerdo comercial entre los dos países que entró en vigencia desde 2013.
Con ese gobierno también se firmó un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), y varios convenios en temas de turismo, ambiente, cooperación entre Pymes, ciencia, economía y cultura.
En cuanto al proceso de paz, España mostró su apoyo desde la etapa de los diálogos con las Farc y ahora en el posconflicto. Muestra de ello fue la visita del Rey Juan Carlos durante la firma de los acuerdos en Cartagena.
Gracias a este buen panorama, el rey Felipe VI mostró su interés en la crisis que se vivía con Electricaribe y le pidió al presidente Juan Manuel Santos que se reúna con GNF para buscar salidas. Gracias a ello, el presidente Santos se reunió en noviembre pasado con el presidente de GNF, Isidre Fainé.
Pese a esos esfuerzos, no se llegó un acuerdo y se determinó la intervención y posterior liquidación de la compañía que atiende unos 2,5 millones de usuarios en la Costa.
Semana clave
Esta semana será clave para el proceso de liquidación que adelanta la Superintendencia, pues se espera que Gas Natural Fenosa radique una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo que depende del Banco Mundial (BM).
La española buscará ser indemnizada por lo que ellos considerarían una expropiación y por argumentar que durante años advirtieron sobre los riesgos en la prestación del servicio en la Costa, sin ser escuchados por el Gobierno.
El proceso que quedará en manos de un arbitraje internacional podría demorar varios meses, mientras que en la Costa sigue la incertidumbre por el nuevo operador y las inversiones necesarias para mejorar el servicio.
