Frente a la solicitud que hizo Gas Natural Fenosa (GNF) de un arbitraje ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), para que el Gobierno nacional le devuelva el control sobre Electricaribe, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, José Miguel Mendoza, aseguró que el Estado colombiano defenderá sus intereses y que esto no 'puede evitar que se haga cumplir la ley'.
Mendoza, quien se reunió ayer en la mañana a puerta cerrada con los representantes de los gremios de la ciudad para socializar el proceso de liquidación de Electricaribe, señaló que el Gobierno acudirá a la mejor defensa jurídica en este caso y que entregará los argumentos y las pruebas que sea necesarias.
Además rechazó cualquier acusación de expropiación de la empresa encargada de distribuir y comercializar la energía en la Costa Caribe. 'No ha habido ni habrá expropiación en ningún caso, lo que hay es un proceso de insolvencia, igual como existe en otros países', agregó. De acuerdo con el superintendente tampoco se está mandando un mensaje de inseguridad jurídica para los inversionistas extranjeros, ya que no se hizo ningún cambio en las reglas del juego.
Reiteró que la medida adoptada por su despacho cuenta con fundamentos técnicos y jurídicos, pues de seguir como estaba y según sus propias proyecciones financieras, Electricaribe hubiera terminado el 2016 con un déficit superior a medio billón de pesos. 'Esta situación crítica le habría hecho imposible seguir abasteciendo de energía a la Costa Caribe', señaló.
Frente a la demanda internacional, explicó que hay diferentes competencias en cuanto a la defensa del Estado, pues el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tiene a su cargo la defensa de los tratados comerciales y de inversiones, pero puede recibir apoyo de otras entidades.
En cuanto a las exigencias de Gas Natural Fenosa, manifestó que se trata de 'pretensiones litigiosas que deberán debatirse ante el foro arbitral del caso', pero que el hecho de que se haya presentado una demanda no puede llevar a que Gobierno deje de cumplir con sus deberes constitucionales de proteger a los diez millones de usuarios del servicio de energía la Costa Caribe.
'Estamos convencidos de que hemos tomado decisiones absolutamente técnicas y que podremos defender la intervención y liquidación ante cualquier instancia internacional', añadió.
La Superservicios realizará reuniones de socialización con diferentes sectores de la Costa Caribe en los próximos días, con el fin de dar a conocer las etapas del proceso de liquidación. Adicionalmente se detallará la situación actual que presenta la empresa y cuánto tiempo se debe esperar para que mejore la calidad del servicio. Se estima que este trámite tomará entre uno y cinco años, pero el Gobierno espera en que pueda terminar en máximo 18 meses, luego de una serie de estudios que se están realizando.
'La compañía está en una situación difícil, está insolvente, tiene unas redes de distribución obsoletas pero vamos a redoblar esfuerzos para mantener la calidad del servicio mientras se completa el proceso de liquidación', señaló Mendoza.
Al finalizar las etapas de la liquidación se tendrá claro el valor de los activos y pasivos de la empresa y se abrirá un proceso para que una empresa que pueda asegurar la prestación del servicio de energía, de manera sostenida y con calidad, compre los activos de Electricaribe.
Reiteró que la Superservicios seguirá administrando la compañía mientras se desarrolla el proceso y que este solo podría cambiar de curso, si los accionistas actuales (GNF) o los acreedores se comprometen a realizar el plan de inversiones que se requiere para mejorar el servicio. Este plan se calcula en 1,5 billones de pesos.
