La empresa Gas Natural Fenosa culpó de manera directa en su demanda por el caso Electricaribe, a los mandatarios de la Región Caribe y en específico al alcalde Alejando Char, del incremento en el número de conexiones fraudulentas y la violencia contra la compañía, citando unas declaraciones del mandatario en mayo del año pasado.
En su demanda expedida en el Tribunal de Arbitramento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi) en contra de Colombia, que fue revelada por el diario El Espectador, indica que en mayo del año pasado, cuando se registraron varias manifestaciones en contra del servicio de la compañía, Char dijo: 'Yo quiero tirar piedra en las manifestaciones contra Electricaribe'.
Con esta declaración, Gas Natural Fenosa sostiene la acusación en cuanto a elevación de conexiones fraudulentas y actos de violencia en contra de Electiracaribe, en donde figuras públicas le declararan la guerra abiertamente. Además, agrega que otra causante para esta problemática, es el hecho de que el Estado no persiguiera a quienes se robaban la electricidad.
El Espectador también señala que Gas Natural Fenosa explica en la demanda que Electricaribe tuvo aproximadamente 2,6 millones de clientes en La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba, que el 80 % de ellos pertenecían a los estratos más bajos y que se trataba de una zona del país en la que prestar el servicio de energía eléctrica se dificulta por el clima, la salinidad del aire y fenómenos climáticos como El Niño.
No obstante, la empresa puntualizó que desde el comienzo, lo más difícil de enfrentar fue la enorme cantidad de conexiones eléctricas ilegales y la falta de pago de las facturas por parte de sus clientes.
De acuerdo con el documento, el 8 % de sus clientes se han conectado ilegalmente a las conexiones eléctricas y estas conductas, claramente fraudulentas, según Gas Natural, han sido toleradas por las autoridades. 'Ellos mismos han fallado al pagar la energía que las entidades públicas consumen. Para el 31 de diciembre de 2016, estas entidades le debían a Electricaribe aproximadamente US$700 millones de energía que consumieron pero que no pagaron', se lee en la demanda que reveló El Espectador.
Sobre esto, atacó nuevamente a las administraciones locales de Región Caribe, indicando que la falta de compromiso y ayuda estatal, asevera Gas Natural, dejó a Electricaribe contra la pared.
Añade que el Gobierno y los usuarios le pedían mejor calidad en el servicio y más cobertura, mientras que la empresa debía pagar impuestos, las tasas completas en las plantas eléctricas, enfrentar los obstáculos causados por el fenómeno de El Niño y afrontar pérdidas de hasta US$608 millones por las conexiones ilegales. Uno de los puntos más álgidos de la crisis se dio en 2014, cuando el Gobierno y la empresa concertaron que, para solventar los problemas, era necesario implementar un plan de acción.
'Para septiembre de 2016 se registraron más de 242 actos de violencia en contra de empleados de Electricaribe y contratistas, en 46 de los casos, resultaron agredidos físicamente', refiere la demanda. Aunque la liquidación y la búsqueda de un nuevo operador ya está en marcha, lo que Gas Natural ha observado es que el Gobierno ahora sí se ha dado cuenta de la realidad de la crisis energética en la región Caribe. 'Pocas semanas después de que se tomaron la empresa, los funcionarios públicos les pidieron a los ciudadanos que no se robaran la energía y que pagaran sus cuentas', señaló Gas Natural. Es decir, justo lo que la empresa española suplicó durante años.
