La investigación en torno al escándalo de corrupción de la empresa pública de aguas de Madrid, Canal de Isabel II, dueña de la empresa Triple A en Barranquilla, que motivó ayer la captura del ex presidente de la Comunidad Ignacio González y de 11 personas más, tiene ramificaciones en varios países de América Latina, según la prensa española.
La operación, denominada ‘Lezo’, indaga supuestos delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios.
Entre los doce capturados por la Guardia Civil está Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado el hombre de confianza de González en Latinoamérica. Fue destituido hace un año como presidente ejecutivo de Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (Inassa), cabecera de expansión en Latinoamérica de Canal de Isabel II y que tiene sede en Barranquilla. En ese entonces, Rodríguez Sobrino, hoy consejero delegado de la empresa editora del diario nacional La Razón, también fue separado de su cargo de presidente de la Junta Directiva de Triple A. La actual presidenta de la comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tomó la decisión después de que su nombre apareciera vinculado a los ‘Papeles de Panamá’.
Esto supuso su cese inmediato por parte de la actual presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes.
Latinoamérica
El Canal de Isabel II procedió, en julio de 2016, a cerrar diez empresas que el organismo tenía en Latinoamérica porque tenían poca actividad o porque la misma no era 'razonable y compatible' con la gestión del agua, según explicó el entonces responsable de la empresa pública, Ángel Garrido. Entre las empresas con orden de cierre, Garrido destacó la radicada en Brasil: Emissao Engenharia e Construçoes, una compañía cuya compra supuestamente fraudulenta ya se estaba analizando por parte del Canal.
Ante tal panorama, fue el gobierno autónomo de Cifuentes quien llevó a la Fiscalía sus sospechas de irregularidades en la gestión del equipo que presidía su antecesor, Ignacio González.
El Canal de Isabel II tenía una veintena de empresas filiales en Colombia, Ecuador, Panamá, República Dominicana y Brasil que lograron en 2015 casi 20 millones de dólares en beneficios, un 93 por ciento más respecto al año anterior, según afirmó Garrido hace unos meses.
De acuerdo con la prensa española, además de los detenidos, el juez ha imputado al periodista Francisco Marhuenda, director del diario La Razón, y al presidente del periódico, Mauricio Casals; y la Audiencia Nacional solicitó dos órdenes de extradición en Brasil y en Colombia de Sebastiao Cristovam y Diego García Arias, respectivamente.
García Arias es el gerente de Inassa y miembro de la junta directiva de Triple A.
Los investigadores prevén una treintena de imputaciones por organización criminal, prevaricación, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios.
Guiño a caso de espionaje
De acuerdo con la prensa española, el nombre con el que ha bautizado la Guardia Civil al operativo articulado por las presuntas irregularidades en el Canal de Isabel II, denominado ‘Operación Lezo’, es un guiño al espionaje que denunció sufrir el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, durante un viaje a Cartagena en 2008, y del que salió a la luz pública un video.
En este se le podía ver con unas bolsas, cuyo contenido se ha enfrentado a especulaciones de todo tipo. Según el expresidente eran toallas; según los investigadores, dinero en efectivo. El nombre de la operación alude a la figura del almirante español Blas de Lezo, que organizó la defensa de Cartagena de Indias durante el asedio británico de 1741.
'No es la primera vez que la Guardia Civil bautiza las operaciones que lleva a cabo para aludir a un hecho relacionado con una de las principales figuras relacionadas con el dispositivo, en este caso la del ex presidente de la Comunidad', señaló el diario ‘El Mundo’, de España.
