La Procuraduría General de la Nación informó este viernes que ante los hechos conocidos públicamente relacionados con los actos de corrupción de la empresa pública Española Canal de Isabel II se dará traslado de a las Delegadas disciplinarias, para que dentro de la órbita de sus competencias, efectúen o desarrollen las actuaciones a que haya lugar.
En un comunicado emitido por el ente de control reza que 'lo anterior se adelanta a fin de salvaguardar el patrimonio público que pueda verse en riesgo por actos de corrupción, como quiera que se trata de empresas, que si bien son reguladas por el derecho privado, las mismas administran recursos públicos'.
Canal de Isabel II tenía a su cargo la gestión del ciclo integral del agua en la comunidad de Madrid y extendió su operación a Latinoamérica por medio de Canal Extensia, que a su vez adquirió el 81,24% de las acciones de Inassa (Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A.), con sede en Barranquilla.
De Inassa se desprenden en la Región Caribe la empresa Triple A S.A. E.S.P.; Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P, en La Guajira, y la recién desvinculada Metroagua, que respondía en la ciudad de Santa Marta por el servicio público.
En el caso de la Triple A, de acuerdo con la Procuraduría, la composición accionaria es: Inassa (82,16%), el Distrito de Barranquilla (14,5%) y otros (3,34%.); por su parte, en Metroagua, la composición accionaria era: Inassa (35%), el Distrito de Santa Marta (28%) y Termotécnicas y Eléctricas de Medellín (33%).
Hallazgos
En el caso de Metroagua, la Procuraduría, en desarrollo de sus funciones preventivas, específicamente en la vigilancia que realizó al proceso de empalme entre el Distrito de Santa Marta y la empresa, develó múltiples irregularidades relacionadas no sólo con la deficiente prestación de los servicios, sino algunas de origen contractual y societario. Entre las más relevantes se encuentran:
a. La ausencia de inversiones a las redes de acueducto y alcantarillado y el mal estado en que se encuentran las mismas.
b. El contrato de arrendamiento y sus otro síes que permitió la operación del servicio de acueducto y alcantarillado por más de 20 años a Metroagua, con cláusulas que afectaban al Distrito de Santa Marta como arrendador, toda vez que del 33% de la facturación bruta que se pactó como canon de arrendamiento inicial se pasó a un 2%.
De otra parte, se prorrogó el contrato y mediante el último otrosí, se acordó que el Distrito pagaría a Metroagua el valor de las 'mejoras', advirtiendo que la arrendataria seguiría operando las redes hasta que de mutuo acuerdo estuviera a paz y salvo con el Distrito por todo concepto.
c. La interpretación de la medida cautelar de la Superintendencia de Sociedades, decretada al interior de un proceso de responsabilidad societaria que Metroagua le inició al Distrito de Santa Marta, la cual le imposibilitaba a este último obtener información de Metroagua necesaria para garantizar la prestación del servicio.
Metroagua tuvo la operación del servicio de Acueducto y Alcantarillado del Distrito Turístico, Histórico y Cultural de Santa Marta hasta el día lunes 17 de abril del presente año, fecha en la cual culminó el contrato que le permitía a esa empresa realizar la prestación del servicio.
Inassa actualmente tiene operación del servicio de acueducto en Colombia en los siguientes municipios: Barranquilla, Polonuevo, Tubará, Sabanagrande, Soledad, Sabanalarga, Piojo, Ponedera, Puerto Colombia, Usiacuri, Baranoa, Santo Tomás, Juan de la Costa, Galapa. En Riohacha la operación del servicio se encuentra a cargo de la empresa Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado –ASAA-, la que también hace parte del grupo Inassa.
En el municipio de Providencia y Santa Catalina la operación del servicio se presta de forma directa. La Alcaldía suscribió con Findeter un contrato de consultoría especializada para la gestión del servicio de acueducto, el cual se ejecutará por parte del grupo Inassa.
El arresto
El ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, fue detenido el miércoles en una operación contra su gestión en la empresa pública madrileña Canal de Isabel II. Fue trasladado, sin esposar, a la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid), para pasar la noche en los calabozos. Otras 11 personas fueron detenidas.
