Una de las apuestas de la Alcaldía de Barranquilla en materia de movilidad para organizar el transporte público individual es poner a funcionar nuevamente el taxímetro, estrategia que está en marcha desde hace tres años y que aún no ve la luz verde en el camino.
La Administración descartó en 2016 su implementación, por lo que el asunto quedó fijado para el primer semestre de este año. La razón, argumentó entonces el secretario de Tránsito y Seguridad Vial del Distrito Fernando Isaza, fue no contar con que la Superintendencia de Industria y Comercio trabajaba en un reglamento técnico para la implementación del dispositivo. Desde entonces la situación no ha cambiado.
'Creo que es responsable esperar para que ese taxímetro sea cumplido con toda la normatividad legal y contractual que requiere. Si Dios quiere, se va a dar este año', afirmó ayer Isaza.
Sin embargo, la Superintendencia informó a EL HERALDO que el documento está en consulta internacional en la Organización Mundial del Comercio, un paso obligatorio para todo reglamento técnico y que demora mínimo tres meses.
'Apenas comenzó. Luego hay que hacer ajustes según observaciones nacionales e internacionales. Después toca revisarlo nuevamente y por último se publica. No creemos que alcance a salir antes de diciembre', informó la entidad.
Es decir, que para este año es muy probable que tampoco se dé la implementación en la ciudad del dispositivo, que tendría un monitoreo satelital de forma permanente, a través de un sistema de posicionamiento global (GPS).
Antecedentes
La decisión de implementar un nuevo taxímetro en Barranquilla data de hace tres años, desde la Alcaldía de Elsa Noguera y la gestión del entonces secretario de Movilidad, Walil Jalil David. La razón, argumentaban los funcionarios, era el requerimiento hecho por el Ministerio de Transporte a través de la Ley 769, en su artículo 85.
La última vez que se vieron aparatos midiendo el tiempo de viaje de los taxistas en la ciudad fue en 1997, bajo la Administración del alcalde Edgar George, pero fracasó ante los acuerdos de pago verbales y la manipulación de los dispositivos.
En enero de 2014, luego de la renuncia de Jalil, el nuevo jefe de la cartera de Movilidad, Luis Pulido, anunció que el nuevo censo de taxis también buscaría la instalación del taxímetro.
Once mil ciento ochenta y seis taxis fueron censados por Movilidad ese año. Según su cronograma, en enero de 2016 comenzaría la instalación de los dispositivos y un estudio de mercado arrojó que el sistema podría costar entre $650 mil y $750 mil. Pero el tiempo pasó y en octubre de 2015 de las cinco empresas que participaron en la convocatoria del proceso de autorización para la comercialización, instalación y mantenimiento del aparato, ninguna cumplió con los requisitos establecidos por la Alcaldía.
Isaza viene manifestando desde 2016 que se debe actualizar las tarifas y que espera la publicación del reglamento por parte de la Superintendencia.
