Ante el anuncio del director de la ANI, Luis Fernando Andrade, de comenzar la próxima semana un proceso de caducidad del contrato suscrito con la firma española Sacyr para la construcción del corredor vial Puerta de Hierro-Palmar de Varela y Carreto-Cruz del Viso, dirigentes del Atlántico, Bolívar y Sucre, departamentos por los que pasaría la carretera 4G, coincidieron en que se trata de un hecho 'de la mayor gravedad' y, por lo tanto, piden que se busquen soluciones 'cuanto antes'.
Aunque la firma tiene la oportunidad de ponerse al día y cumplir, fuentes aseguran que todo indica que la caducidad del contrato se hará efectiva porque será muy difícil que Sacyr cumpla con el contrato.
El jefe del organismo de infraestructura advirtió que la obra tiene un retraso de nueve meses, pues la empresa ibérica generó un proceso de controversia con la agencia colombiana alegando la presencia de suelos inestables en el terreno que, según ellos, hacen 'de imposible realización' la vía.
Al respecto, el senador sucreño de Cambio Radical Antonio Guerra de la Espriella, consideró 'de la mayor gravedad lo que ha acontecido con la caducidad del contrato 4G'.
Por ello, señaló que la ANI debe 'rápidamente buscar la alternativa' para que este proyecto vial y 'vital' para los interese de la competitividad del Caribe 'no se trunque' y se pueda reanudar lo más pronto posible la ejecución del proyecto con la misma Sacyr o con una nueva constructora que sea escogida valiéndose de un nuevo proceso licitatorio.
Exigir pólizas. De otro lado, el senador atlanticense del Centro Democrático Jaime Amín exigió que el Gobierno aplique la zanahoria, pero también el garrote. En ese sentido, aseguró que debe acudir a todos los instrumentos legales y contractuales, incluyendo las pólizas de responsabilidad, que amparan los incumplimientos del contrato, para que este consorcio pueda cumplir al país y particularmente a la Costa.
El senador Amín solicitó, al mismo tiempo, abrir los canales de comunicación oficiales, a nivel de Cancillería y Embajada, para que el gobierno de España 'pueda meter baza en el asunto y buscar una salida', porque una caducidad, de todas maneras, retrasa un proyecto.
Entre tanto, el senador bolivarense de Opción Ciudadana, Antonio Correa, reconoció que esta vía generaría conectividad con Antioquia y el centro del país, por lo que, advirtió, quedó muy preocupado con que el contratista diga que 'tiene insuficiencia presupuestal' porque encontraron un terreno arcilloso, y que se esté hablando de una caducidad del contrato por tiempos en ejecución. 'Quedamos con la misma sensación de incertidumbre, porque es una vía dañada, de gran accidentalidad, que cobra las vidas de muchos habitantes de esa zona', afirmó.
Y concluyó: 'lo que queremos es que el contratista no le tome el pelo a la región Caribe y a los Montes de María y se logre rápidamente solventar esta situación'.
Buscar solución. Por su parte, el senador conservador del Atlántico Efraín Cepeda calificó la situación como 'un nuevo golpe para el Caribe, que se suma al del río Magdalena'.
Recordó que el incumplimiento del contrato lo produce la empresa Sacyr, que tiene 'un historial de incumplimientos en el país, porque está incumpliendo en otras vías de Colombia'.
Criticó en este mismo sentido que 'si esa empresa lo que quiere es ganarse licitaciones y ganarse los dineros en pleitos, lo mejor que debe hacerse es declararse una caducidad, porque de otra manera estamos abocados a la lentitud de las obras'.
De llegarse a la caducidad, aseguró Cepeda, debe abrirse inmediatamente otra licitación, aunque este mecanismo retrase el camino que queda para 'no seguir rogando que nos hagan las obras en el Caribe'.
De igual modo, el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, no ocultó su preocupación por esta obra 'tan importante para el desarrollo de la región montemariana, por donde la vía hace presencia casi que en todo su extenso recorrido'.
Por ello, pidió al Gobierno que 'si esta empresa no da muestras de una firme decisión para cometer esta obra, procedan cuanto antes a la caducidad', pero advirtió que rápidamente se debe escoger un nuevo concesionario, por la condición de la vía y lo estratégico del proyecto. 'Su importancia obliga a que esta construcción se ejecute de la manera más rápida posible', agregó.
Entre tanto, el diputado del Atlántico Adalberto Llinás calificó como grave que hayan pasado nueve meses del anuncio del inicio de obras y estas no se han comenzado a ejecutar, porque se está afectando la conectividad de tres departamento de la región Caribe. Por esa razón, se mostró partidario de que el Gobierno comience la búsqueda de un nuevo contratista, con las condiciones financieras y técnicas para ejecutar este proyecto. 'Ya habíamos visto con preocupación la demora en arrancar estas obras, pero nos habían manifestado un problema técnico y de diseño, pero hoy vemos que las relaciones entre la ANI y el contratista no han llegado a un buen termino', expresó Llinás.
Advierte que los afectados, en última instancia, serán los habitantes de esta región.
