La Fiscalía General de la Nación incautó 262.000 euros (unos 860 millones de pesos) en una diligencia de allanamiento que se realizó en el apartamento de Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa y de la Junta Directiva de Triple A. El inmueble está ubicado en la zona norte de Barranquilla.
La diligencia, que se desarrolló dentro de la llamada ‘Operación Acordeón’, se ejecutó en el apartamento (1803) ubicado en el edificio ‘Alto Prado’, calle 76 No 56-43. Allí funciona el hotel Estelar, de Barranquilla. El inmueble de Rodríguez está tasado en 48.000 euros.
Según fuentes de la Fiscalía, el apartamento se encontraba desocupado desde hace dos meses, pero agentes ingresaron y en una caja fuerte localizada en una de las habitaciones encontraron los fajos de moneda extranjera.
Rodríguez Sobrino es considerado el hombre fuerte en Latinoamérica del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y fue destituido de su cargo en Inassa en abril del año pasado, después de que su nombre apareciera en los ‘papeles de Panamá’, vinculado a tres empresas en Hong Kong.
Por el escándalo suscitado en España a raíz de las operaciones de Canal de Isabel II en Latinoamérica por medio de la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A, Inassa, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría de Colombia abrieron investigaciones sobre Inassa, con sede en la capital del Atlántico.
El operativo en Barranquilla fue realizado tres semanas después de que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez se reuniera con su homólogo español, José Manuel Maza, y acordaran investigar de forma conjunta el presunto desvío multimillonario de fondos públicos del Canal de Isabel II.
Caso Emissao
Horas antes de esta diligencia de allanamiento se había realizado una intervención o inspección en la sede de Inassa, ubicada en la carrera 54 No. 72-142, también en el norte de Barranquilla. En esas oficinas Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Española se llevaron documentos relacionados con la compra de la firma brasileña Emissao realizada en noviembre de 2013 por parte de Canal de Isabel II, dueña de la empresa Triple A.
Esta compra, de acuerdo a lo publicado por la prensa española estuvo plagada de irregularidades, pues la operación se realizó sin tener en cuenta los controles administrativos e incluso los resultados de una auditoría que hacia reparos a esa adquisición y al valor real de la firma.
Emissao fue comprada por 31 millones de euros, seis veces su valor, según las pesquisas judiciales. La negociación de la sociedad Emissao Engenharia e Construcao se hizo a través de otra Offshore radicada en Uruguay, Soluciones Andina de Aguas SRL.
Fuentes cercanas al proceso indicaron que directivos de Inassa en Barranquilla suministraron todos los documentos requeridos por la Guardia Civil, los cuales servirán como evidencias en las investigaciones que realizan y en las que están involucrados Ignacio González y Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de la Junta Directiva de Triple A, así como María Fernanda Richmond, exdirectora financiera de Canal de Isabel II, entre otros.
La visita de inspección a la sede de Inassa por parte de los investigadores españoles se hizo de manera conjunta con el CTI de la Fiscalía, quienes prestan apoyo de asistencia técnica en el marco del convenio de cooperación firmada entre las fiscalías de España y Colombia. Se conoció que del grupo de investigadores hicieron parte tres peritos españoles, expertos en temas contables e informáticos.
EL HERALDO conoció que personal del CTI de la Fiscalía realizó allanamientos en los domicilios de Ramón Navarro, exgerente de la empresa Triple A, quien renunció después de su aparición en los ‘Papeles de Panamá’. Navarro defendió en su momento la legalidad de su sociedad. Este medio lo contactó ayer y respondió que 'estoy ocupadísimo, ocupadísimo, después hablamos'.
También hubo allanamiento en casa de Diego García Arias, exdirectivo de Inassa. Según la prensa española se encargaba de los sobornos en campañas de alcaldes y presidentes.
Triple A
Hace varias semanas la Fiscalía 38 de la Dirección especializada contra la corrupción y un enviado de Supersociedades recopilaron documentos desde 1996 hasta la fecha en las sedes de la empresa Triple A y de Inassa.
El ente acusador indaga la progresiva reducción que sufrió la participación del Distrito en Triple A (pasó de tener el 85% al 13%). También la operación en Panamá, a través de sociedades ‘de papel’, mediante la cual Canal de Isabel II compró en 2001 Inassa a un grupo de barranquilleros, a través de la cual acabó apropiándose de Triple A.
