La Procuraduría General de la Nación solicitó este jueves el traslado al Tribunal Administrativo del Atlántico de la acción popular contra la Triple A.
Dicha acción busca recuperar las acciones del distrito de Barranquilla en la empresa de servicios públicos que hoy están en manos de Inassa, filial de la empresa Canal de Isabel II, comprometida en un escándalo de corrupción en España.
La Procuradora Judicial 197 Administrativa, Natalia Ordóñez, fundamentó su petición al Juzgado 13 Administrativo de Barranquilla, en el hecho de que al proceso fueron vinculadas tres entidades del orden nacional, con sede en Bogotá, lo que hace que ese despacho pierda la competencia.
Además de la Triple A, en la acción popular también fueron involucrados la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA.
Actualmente en la Triple A la composición accionaria está representada así: Inassa con 82.16%, el Distrito de Barranquilla 14.5%, y 5.490 accionistas particulares con 3.34%.
Desde el pasado 21 de abril la Procuraduría abrió indagación sobre los contratos en Colombia de la empresa pública española Canal de Isabel II, que tenía a su cargo la gestión del ciclo integral del agua en la comunidad de Madrid y extendió su operación a Latinoamérica por medio de Canal Extensia, que a su vez adquirió el 81.24% de las acciones de Inassa (Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A.), con sede en Barranquilla.
En Colombia Inassa actualmente tiene operación del servicio de acueducto en los municipios de Barranquilla, Polonuevo, Tubará, Sabanagrande, Soledad, Sabanalarga, Piojó, Ponedera, Puerto Colombia, Usiacurí, Baranoa, Santo Tomás, Juan de la Costa, Galapa.
En Riohacha la operación del servicio se encuentra a cargo de la empresa Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado –ASAA-, la que también hace parte del Grupo Inassa.
