Luego de que se conociera en los medios de comunicación que la Contraloría General de la República citaría en los próximos días al agente liquidador de Electricaribe, Javier Lastra Fuscaldo, para que explique por qué firmó cuatro contratos a largo plazo y, además, si conocía de los vínculos societarios de la matriz de la empresa Gas Natural Fenosa con la firma que asesoró la liquidación, Tetra Tech, el superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, salió en defensa de la intervenida Electricaribe.
Tetra Tech suscribió dos contratos con Electricaribe en liquidación –por 2.926 millones de pesos– para prestar asesoría y acompañamiento operacional, lo que incluye un diagnóstico y un plan estratégico.
El periódico capitalino El Tiempo dice que en ocasión de ello, la Contraloría pretende establecer por qué sus representantes no le advirtieron al liquidador Lastra el vínculo con los españoles de Fenosa.
El ente de control fiscal señala que Tetra Tech y Gas Natural Fenosa tienen 25 socios en común, entre los que se encuentran inversores internacionales, bancos, fondos soberanos, grandes aseguradoras y agencias de bolsa.
En consecuencia, advierte el informe que el principal socio de Tetra Techt y otras dos compañías concentran el 24,9 por ciento de acciones de esa multinacional. Y, al mismo tiempo, aparecen como quinto, sexto y séptimo inversor de Gas Natural Fenosa.
¿Excepción?
Pone de presente además la nota periodística que 'si bien la legislación colombiana exime a las empresas que cotizan en bolsa, como Tetra Tech, de declarar conflicto de intereses, este caso parece ser una excepción. La razón: en los dos contratos firmados por la multinacional con Electricaribe, la exigencia se hizo de manera explícita'.
Se lee en la cláusula tres de los dos contratos, suscritos el 10 de febrero por Lastra y el representante de la multinacional, David Sharashenidze: 'el contratista, con la firma del contrato, manifiesta bajo la gravedad del juramento que no tengo (SIC) ningún impedimento ni conflicto de interés con Electricaribe, al no tener ninguna relación con sus accionistas ni posibles interesados'.
Habla el super
El superintendente Mendoza le dijo a EL HERALDO, no obstante, que 'no existe ni ha existido jamás conflicto de interés de ninguna naturaleza para la contratación de Tetra Tech'.
Agrega que aunque es cierto que Tetra Tech y Gas Natural Fenosa tienen accionistas en común, 'el problema es que no se mencionan quiénes son los accionistas, ahí está el gran malentendido, porque los dos accionistas que tienen acciones en ambas los principales fondos de inversión del mundo'.
Precisa el funcionario que el más importante de estos fondos de inversiones es 'BlackRock, que administran cinco trillones de dólares en inversión y tienen acciones en Ecopetrol, Bancolombia, Aval, Argos, en todos los bancos del mundo, tienen acciones significativas en TES en Colombia y tienen inversiones silenciosas pasivas en cientos de miles de compañías'.
Y sobre el otro fondo, indica: 'es Vanguard, y es igual, son inversionistas institucionales, parecidos a un fondo de pensiones que invierte en miles de compañías sin tener ningún control en la administración'.
Por ello, asegura Mendoza, 'decir que hay un conflicto de interés es desatinado'.
Los contratos
Informa el medio de comunicación bogotano además que la Contraloría revisa igualmente varios contratos por 50 mil millones de pesos que se firmaron hasta con cinco años de duración, a pesar de que Electricaribe está en el proceso liquidatorio.
Enumera el reporte las suscripciones: uno del 1 de diciembre de 2016 hasta noviembre de 2021 por 20 mil millones de pesos para 'obras civiles menores en subestaciones de Electricaribe' y otros dos a octubre de 2019, uno por 3 mil millones de pesos y el otro por 2.500 millones para equipos de seguridad.
Y el último es uno por 19 mil millones de pesos con Applus Norcintrol Colombia para 'servicio de revisión, liquidación de actas de irregularidades, cobro de medida directa y gestión de taller educativo', hasta 2020.
Frente a estas contrataciones, asevera el superintendente, 'son contratos que ha celebrado el agente especial en ejercicio del cumplimiento de sus facultades para asegurar la buena marcha de la compañía en esta etapa de transición'.
Agrega Mendoza que todos los contratos 'han sido auditados y monitoreados, y en la Superintendencia de Servicios les pedimos a la Contraloría y la Procuraduría que revisaran todo lo que hacemos, y publicamos informes mensuales, tenemos a firmas de auditorías auditando mensualmente lo que hace la compañía: es la intervención más auditada en la historia del país, así que esas historias de que se hacen cosas indebidas no son ciertas'.
Otros cuestionamientos a la intervención
El pasado 18 de julio, fuentes de la Contraloría le dijeron a este diario que no solo los españoles de Gas Natural Fenosa, dueños de Electricaribe, tenían responsabilidad en los hallazgos fiscales por más de 78.500 millones de pesos con los dineros de los subsidios a los más pobres, sino que la intervención también tendría su parte, pues no habrían habido cambios en la política de subsidios, al menos hasta entonces.
No obstante a que el informe de la actuación especial del ente de control fiscal revisó lo que ocurrió durante 2015 y 2016 en la compañía, cuando la administración estaba a cargo de Fenosa, advirtieron las fuentes del ente de control que a la intervención le cabría responsabilidad desde el 15 de noviembre de 2016 a la fecha, ya que se seguiría con la práctica hasta el mes pasado.
Precisaron las fuentes en ese momento que, sin embargo, el proceso del eventual juicio fiscal determinaría a quién le correspondería asumir el detrimento que se habría producido al Estado colombiano con el aparente desvío de estos dineros, que eran para los subsidios de energía de los estratos 1 y 2, y que se usaron en disminuir las pérdidas de la compañía española.
Acción para que el Estado se adueñe de Electricaribe
El precandidato presidencial Carlos Eduardo Caicedo, líder del movimiento Fuerza Ciudadana, anunció este domingo que presentará una acción popular contra el Ministerio de Minas y Energía para que el Estado no solo adquiera la totalidad de las acciones de Electricaribe, sino que, al mismo tiempo, destine recursos públicos para realizar las inversiones que sean necesarias con el fin de mejorar la infraestructura y redes para la prestación del servicio público de energía eléctrica y también para que se tramite una ley que le otorgue a los usuarios de los estratos 1 y 2 y sectores subnormales subsidios del 100 % de la tarifa.
Explicó el exalcalde samario que este mecanismo de protección de los derechos e intereses colectivos, que beneficiará a los usuarios de la región Caribe, será radicado este jueves 10 de agosto ante la Oficina Judicial del Palacio de Justicia de Barranquilla a partir de las 9:00 de la mañana.
'La grave problemática que agobia a los usuarios de la Costa se debe en gran parte a la infortunada privatización de las electrificadoras estatales en los años 90 y la entrega de ese servicio esencial de energía a multinacionales extranjeras que no invirtieron los recursos necesarios para asegurar la correcta, segura y continua prestación de dicho servicio hasta el punto que el propio Estado debió intervenir a Electricaribe', expuso el candidato izquierdista.
