El 12 de agosto de 2013 el Consorcio Ribera Este, conformado por las empresas, Assignia Infraestructuras, Compañía de Servicios y Negocios, Constructora FG y Consultores del Desarrollo, se ganó la licitación en una maratónica audiencia, luego de la cual el Ministerio de Transporte pidió suspender el acto argumentando presuntas irregularidades en el proceso.
El caso llegó a la Corte Constitucional tras haber sido estudiado en el Tribunal Superior de Barranquilla, que concedió una tutela interpuesta por el Consorcio Ribera Este.
En diciembre del 2014, la Corte confirmó la sentencia de la sala civil del Tribunal Superior de Bogotá del 19 de septiembre que levantó la medida cautelar que tenía paralizada la construcción de la carretera. Las obras comenzaron en mayo de 2015.
Controversias
En desarrollo de la misma ha sucedido hechos que generaron controversias. El 20 de enero de 2017, la Contraloría General de la República reveló sobrecostos en la obra por $32.616 millones, especificado en el transporte de material para la conformación de terraplenes.
Posteriormente, en abril de 2017, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación preliminar contra la Gobernadora Rosa Cotes y otros funcionarios, por la posible comisión de faltas disciplinarias en relación con la ejecución del contrato.
En julio de 2017, la Gobernación del Magdalena multó al consorcio Ribera Este con $14.000 millones, equivalentes al 3 por ciento del valor total del contrato. La medida se tomó por los retrasos en los tiempos de ejecución, pero sin comprometer la calidad del proyecto.
