Ante el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Santa Marta, la gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes de Zúñiga, radicó solicitud de convocatoria de un tribunal de arbitramento para que dirima los líos jurídicos que tienen empantanado el proyecto Vía de la Prosperidad y que enfrenta al contratista con el Invías y la administración departamental.
La petición se hizo desde el mes de julio en consenso con el Invías, en razón a que en nueve meses de reuniones con el consorcio Ribera Este no se llegó a un acuerdo. Se indicó que entre las partes interactuantes ha habido cerca de 40 reuniones y no se ha llegado a acuerdos.
'La gobernadora ‘tiró la toalla’ por eso, en uso de sus facultades jurídicas en el contrato, optó por llevar el caso a un tribunal de arbitramento, pues no hay puntos de encuentro y hay que salvaguardar los recursos', dijo el gerente de proyectos del Magdalena, Fabio Manjarrés Pinzón.
Manifestó que esa decisión surgió luego de una jornada de trabajo de 13 horas con Invías, Mintransporte, la interventoría y el contratista, sin que se llegara a un consenso.
La gobernadora Rosa Cotes dijo estar preocupada por la situación y recordó que en una audiencia pública de regalías con el DNP manifestó que 'no es lógico que un proyecto tan estratégico, quede en manos de un lío jurídico y no constructivo'.
'El contratista no puede parar la obra', enfatizó la mandataria de los magdalenenses.
Reporte de interventor
Ante la posibilidad de declarar la caducidad del contrato como lo sugirió el director de Invías, Carlos García Montes, el gerente de proyectos del Magdalena, Fabio Manjarrés, dijo que 'si la interventoría reporta oficialmente que el contratista abandonó la obra, lógicamente que nosotros haremos lo pertinente y ello es iniciar el proceso de caducidad del contrato'.
Se supo que la administración departamental aún está analizando el recurso de apelación que presentó la firma Ribera Este ante la multa que le fue impuesta por 14 mil millones de pesos (3% del valor total del contrato) por el retraso de los trabajos.
Se indicó que aún los términos de ley para la respuesta en segunda instancia no han terminado.
