Corría el año 2013 cuando Luis*, un universitario bogotano que se había radicado en Barranquilla, fue desafiliado por el sistema de salud, como beneficiario de su padre, al culminar sus estudios de pregrado.
Ante la necesidad de estar protegido, debido a que el joven ya tenía un hijo y se encontraba desempleado, su padre decidió afiliarlo en seguridad social. Para ello, acudió a una oficina que encontró por medio de un aviso pegado en un poste de una calle en el norte de Barranquilla. En el cartel ofertaban la afiliación a seguridad social de manera inmediata.
Una vez realizada la afiliación en esta cooperativa, ubicada en la carrera 49C con calle 76, el joven siguió pagando mes a mes su aporte creyendo que él y su hijo se encontraban protegidos ante cualquier emergencia.
Sin embargo, un par de años después, al sufrir un accidente doméstico, se dio cuenta de que dicha empresa lo había estado estafando, ya que de los 30 días del mes que él pagaba por su afiliación en salud, en el sistema solamente le parecían cotizados entre 5 y 8 días mensualmente.
El joven tuvo que ser tratado en el Hospital Barranquilla, debido a que ningún otro centro asistencial lo podía atender porque su registro en la Planilla Integrada de Liquidaciones de Aportes (PILA) aparecía con afiliaciones por días y retiros constantes del sistema.
Como el caso de Luis hay miles en el país –la mayoría de ellos en la Región Caribe–, los cuales fueron detectados por la Nueva EPS, una de las entidades promotoras de Salud del régimen contributivo. Y Barranquilla no fue la excepción en ese listado.
