En lo que falta de este mes y a principio de enero se realizará el proceso de socialización con la comunidad acerca de la reglamentación del Ministerio de Transporte que define los criterios para la instalación de fotomultas.
Uno de los puntos que contempla la norma anunciada por el ministerio es aquel que obliga a instalar los dispositivos de fotomulta en lugares donde haya riesgo de accidente y estos deberán contar con la señalización pertinente a mínimo 500 metros de distancia.
En el caso de Barranquilla, Fernando Isaza, secretario de Tránsito y Seguridad Vial, sostuvo que están a la espera del reglamento definitivo, al tiempo que argumentó que toda cámara que se instala está debidamente señalizada.
Isaza aseguró que a la ciudadanía se le informa por medio de una resolución sobre la instalación de los aparatos. Resaltó que donde se instalan las cámaras siempre hay un término de pedagogía y de socialización e imposición del comparendo.
'Hoy en día la demarcación es hasta la distancia determinada y permitida hasta la fecha por la norma. La norma hoy no determina una distancia definida y el nuevo proyecto de reglamento si', dijo Isaza al señalar que lo que se recauda en fotomulta va destinado en materia de prevención, educación vial y cultura ciudadana.
El sistema electrónico en la ciudad está a cargo de Construseñales, concesión que tiene a su cargo la operación desde el 2007. Al Distrito le queda el 69% y al concesionario el 31% restante.
La nueva reglamentación establece que el porcentaje de remuneración de los operadores privados no podrá superar el 10% del recaudo. Esto aplica para las concesiones que se firmen una vez entre en vigencia la nueva reglamentación.
Por su parte, Construseñales señaló que ellos aportaron $1.500 millones en mobiliario y pagan el 50% del arriendo de todas las sedes, además de los servicios públicos.
Indicó que también pagan los abogados para defender tutelas, derechos de petición y atención al cliente. Además pagan los envios de correos certificados, los cobros coactivos y persuasivos, así como impuestos y la inversión de las cámaras, que tienen un valor de $200 millones cada una.
El contrato
El secretario Jurídico del Distrito, Jorge Padilla, explicó que inicialmente el concesionario tenía un contrato hasta 2019, pero ellos(el concesionario) hicieron unas inversiones en el gobierno de Guillermo Hoenigsberg, y lo ampliaron hasta 2027.
Explicó que para pagar esas inversiones necesitaban más años de la concesión. El Distrito estudiará cómo se ha comportado el flujo de recursos para ver si efectivamente el contrato tiene que llegar hasta 2027, o si se acaba antes. Lo que quiere decir que la ampliación está condicionada al recaudo.
'Si se termina pagando antes se acaba antes, pero eso hay que estudiarlo', indicó Padilla.
En Barranquilla hay ubicados 43 puntos de fiscalización electrónica. Las cámaras que están en lugares fijos son de velocidad y hay otras que son de bloqueo de intersección.
Isaza explicó que para instalar una cámara de detección de velocidad, de bloqueo de intersección o de control de semaforización, se estipula primero si es una zona escolar, si es de accidentalidad.
'Todo tiene un informe y un estudio técnico para poder colocar una cámara en un punto específico, porque debe buscar un objetivo específico, que es disminución de la accidentalidad fatal y en materia de prevención vial', dijo Isaza al señalar que este año han reducido en un 32% en muertes de accidentes de tránsito en la ciudad.
Para Isaza, esto es un indicador de que las campañas de prevención vial, las detecciones electrónicas y el control de la Policía de Tránsito están dando resultados.
Sostuvo que hay organismos de tránsito o algunas ciudades del país donde el porcentaje para el privado es superior al 60% o al 70%, en cambio en Barranquilla la mayor porción es para el Distrito.
