Con el fin de priorizar la investigación, el Ministerio de Trabajo trasladó a Bogotá toda la documentación del caso por el incumplimiento en el pago a trabajadores y docentes de la Universidad Autónoma del Caribe.
EL HERALDO conoció que en la Dirección Territorial Atlántico del Ministerio de Trabajo reposaban seis quejas formales interpuestas por trabajadores de la Uniautónoma, quienes advirtieron del no pago de sus salarios y prestaciones sociales.
Dichos expedientes generados por las quejas de estos empleados, fue recogida y trasladada a Bogotá por la Unidad de Investigaciones Especiales del Ministerio, quien formuló cargos a institución académica el pasado 6 de febrero.
El proceso
Actualmente la investigación que realiza la cartera de trabajo nacional a la Universidad Autónoma del Caribe se encuentra en el proceso de formulación de cargos y notificación. Al término de esta etapa, se le concederán quince días hábiles a la institución educativa para que presente sus descargos.
En esta etapa la Uniautónoma podrá presentar las pruebas que pretenda hacer valer ante el Mintrabajo, quien al término de esos quince días hábiles se pronunciará sobre la validez de dichos sustentos.
El último paso, según lo explicado por un funcionario del Mintrabajo, sería tres días más de traslado en el que la Uniautónoma podría presentar sus alegatos, de no ser presentados, la cartera pasaría a sacar un Acto Administrativo.
Las sanciones
El Ministerio de Trabajo informó que de comprobarse la violación a las normas laborales, la Universidad Autónoma del Caribe podría recibir sanciones económicas de uno hasta cinco mil salarios mínimos. Es decir, una multa que rondaría los $4 mil millones.
La cartera consideró que el retraso en el pago de la seguridad social por parte de la Uniatónoma pone en riesgo la vida y la integridad de los trabajadores y docentes y la de sus familias, afectándose el mínimo vital de quienes de manera subordinada prestan servicios a dicha institución.
No pagaron cesantías
Durante una rueda de prensa ofrecida la semana pasada, el rector de la Universidad Autónoma del Caribe, Ramsés Vargas Lamadrid, anunció que a pesar de que se cumplió el tiempo que establece la ley para pagar las cesantías a los trabajadores, estas no fueron canceladas.
Vargas Lamadrid sostuvo que debido al 'bullying mediático' la institución tenía problemas con el flujo de cartera, por lo que le pidió al Ministerio la intervención para liberar los recursos que están en manos de las fiduciarias.
La Ley establece que en el caso de que el empleador incumpla el deber de consignar las cesantías en el término que señala el artículo 99 de la Ley 50 de 199, que es el 15 de febrero de cada año, se procederá al pago de una sanción equivalente a un día de salario por cada día que se tarde la empresa en hacer la consignación.
