Manuel García Castellón y Ana Cuenca, juez y fiscal de la Audiencia Nacional de España, llegaron ayer a Barranquilla en compañía de tres miembros de la Guardia Nacional española y los fiscales Anticorrupción 5 y 38 de Colombia, Derly Barrios y Gilberto Romero, respectivamente, para buscar información relacionada con el Caso Lezo.
Los funcionarios de las dos delegaciones judiciales visitaron la sede principal de Triple A, la Alcaldía de Barranquilla y las instalaciones de Inassa. Ambas comisiones entraron en silencio y se fueron sin decir una sola palabra.
Visita en Triple A
A bordo de dos camionetas de color blanca y gris, esta última blindada, llegaron ayer a las 8:50 de la mañana los delegados españoles a la sede principal de Triple A, en el norte de la ciudad. Allí se reunieron durante tres horas con Galeano Franceschini, secretario General de la compañía de servicios públicos, para recaudar documentación del caso.
La empresa, a través de una comunicación, manifestó que dentro del marco de la cooperación con la justicia de ambas naciones brindaron información relacionada con los socios, actas de Juntas Directivas y operaciones contractuales de la compañía.
Entretanto, Gonzalo Núñez, presidente del sindicato Sintratriple A, manifestó que el colectivo va a defender a la compañía ante los presuntos actos de corrupción que se han gestado al interior de la misma y que las autoridades investigan.
'Queremos dar un parte de tranquilidad, ya que este sindicato está como control para que se siga prestando un buen servicio y se garantice a la comunidad', sostuvo.
De igual forma, el dirigente sindical indicó que los trabajadores están pidiendo que se respeten los contratos vigentes y la convención colectiva existente en el sindicato. 'Estamos siempre a la expectativa esperando porque realmente hay una incertidumbre ante la posible venta y liquidación de la empresa', puntualizó.
Visita en la Alcaldía
Los funcionarios judiciales arribaron a la Alcaldía de Barranquilla, en el Centro de la ciudad, a las 2:10 de la tarde de ayer. Allí sostuvieron una reunión por dos horas con la secretaria General del Distrito, Ana María Aljure. El encuentro se desarrolló en el despacho de la funcionaria, ubicado en el tercer piso de la entidad pública.
EL HERALDO pudo establecer que las delegaciones españolas y colombianas solicitaron documentación relacionada con el contrato de concesión de infraestructura que el Distrito firmó con Triple A, para efectos de una investigación en España.
Visita en Inassa
Manuel García y Ana Cuenca, juez y fiscal de la Audiencia Nacional española, junto con los otros miembros de la comisión llegaron a las instalaciones de Inassa, en la carrera 54 No 72-142, a las 4:28 de la tarde. Allí duraron solo una hora.
Una fuente le dijo a EL HERALDO que el presidente de Inassa, Alberto Muguiro Eulate, estaba ayer en Bogotá recibiendo al director general de Canal Isabel II, Rafael Prieto.
La delegación judicial española estará en la ciudad hasta hoy.
Llamado de procuraduría
La Procuraduría General de la Nación exigió al Distrito de Barranquilla ejecutar las medidas que sean necesarias para garantizar a los usuarios la recuperación del control accionario de la empresa Triple A.
El ente de control hace la reclamación ante los presuntos hechos de corrupción descubiertos en dicha compañía, con el fin de proteger los 'intereses colectivos a la defensa del patrimonio público, la moralidad administrativa y el acceso a los servicios públicos'.
Caso Lezo
La Operación Lezo fue dada a conocer en 2017 por la Fiscalía Anticorrupción y judicializada ante el juez de la Audiencia Nacional española, Eloy Velazco. El nombre se atañe al dispositivo articulado por presuntas irregularidades en el Canal Isabell II. La investigación recibe ese nombre por el almirante español Blas de Lezo, quien defendió el puerto de Cartagena del asedio de los ingleses, y fue precisamente en la Heroica en donde según Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, lo espiaron en uno de sus viajes oficiales. Este exfuncionario estuvo en la cárcel por este caso.
Pensionados de antiguas EPM piden cumplir derechos adquiridos
Un grupo de pensionados de las antiguas Empresas Públicas Municipales, EPM, expresó su preocupación por la situación que se viene presentando con la empresa Triple A, quien es investigada por los hechos de corrupción en el Caso Lezo.
Orlando Pérez Fontalvo, uno de los pensionados detalló que según el Acuerdo 023 de 1991 (mediante el cual autoriza al municipio de Barranquilla para participar en la creación de una sociedad de economía mixta, del orden municipal, encargada de la prestación de servicios públicos y se dictan otras disposiciones) se les presentó un programa de retiro voluntario, pero al tiempo de liquidarlos lo hicieron con el salario de ese año y el plan arrancó fue en 1992.
'Desde entonces hemos venido reclamando, pero nadie nos presta atención. No vemos ningún interés', dijo Pérez Fontalvo, al tiempo que cuestionó el hecho de que el ex gerente de Triple A, Ramón Navarro Pereira, se haya apropiado presuntamente de más de $27.879 millones. mientras que para los pensionados no hay plata para cancelarles.
Pérez dijo que son 430 pensionados los que están en esta situación y la deuda está en el orden de los 5 mil millones de pesos. 'Nos tenían que pagar el 28% de incremento de la convención colectiva de trabajo y no lo han hecho', explicó.
Nacira Ballestas, Alexis Ferrer y José Gamero, también jubilados, coincidieron en señalar que los 'mal liquidaron' y la Administración Distrital asumió el pasivo pensional, pero tampoco ha cumplido.
'Nosotros nos acogimos al programa y renunciamos a nuestros contratos de trabajo para que la Triple A prestará sus buenos servicios, pero nos han incumplido'.
Los pensionados dijeron sentirse 'burlados' ante el incumplimiento de sus derechos adquiridos.
Según expresaron, el programa al que se acogieron prevé que 'quienes renuncien voluntariamente a su contrato de trabajo durante el periodo comprendido entre el 15 al 29 de enero de 1992, las EPM les otorgarán una bonificación ocasional'. Además de eso tendrán derecho a una pensión mensual de jubilación equivalente al 100% del salario promedio mensual del último día de la fecha de retiro el cumplir 48 años de edad
Y que adicionalmente recibirán lo que por ley les corresponde al momento de liquidarlos. Las EPM deja claro en el documento y expresamente establecido que el programa elaborado constituye una oferta que cada trabajador era libre de aceptar o rechazar y la misma fue presentada públicamente'.
