Frente a la reclamación que hace la Procuraduría General de la Nación al Distrito de Barranquilla, en el sentido de que retome el control de las acciones de la empresa Triple A, han surgido varios interrogantes. Por ejemplo, ¿cómo podría regresar la compañía a manos de la Alcaldía y a qué precio? ¿Cuáles son las posibilidades para hacerlo y qué implicaría esto para la Administración?
Para dar respuesta a estas preguntas se hace necesario la revisión del comportamiento accionario y la situación actual de la empresa de servicios públicos domiciliarios de la capital del Atlántico.
Al consultar los estados financieros de la Triple A alcanzados en el ejercicio correspondiente al año 2017, aprobados por la asamblea general ordinaria de accionistas y auditada por la firma KPMG, se observa que la compañía cerró el año pasado en $187 mil millones.
Si el Distrito de Barranquilla decidiera en estos momentos retomar el control de las acciones de la empresa Triple A, tal como se lo exigió la Procuraduría a través de sus procuradores de asuntos administrativos, deberá tener 200 millones de dólares para poder adquirirla, estiman expertos consultados.
La anterior cifra surge del Ebitda, indicador financiero que hace la valoración de una compañía. Por sus siglas en inglés significa beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortización.
'En este caso la compañía se puede vender en el indicador financiero multiplicado por tres, que equivaldría a 551 mil 600 millones de pesos, es decir unos 200 millones dólares', le dijo una fuente a EL HERALDO. Según la misma, estas valoraciones han sido realizadas por Canal de Isabel II en España.
Participación accionaria
Actualmente la estructura accionaria de Triple A se compone de los socios Inassa con el 82,16% de participación, el Distrito de Barranquilla con el 14,5% y el otro 3,34% restante de la compañía lo tienen los 5 mil accionistas privados.
Ante el panorama accionario actual, el secretario Jurídico del Distrito, Jorge Padilla, asegura que en principio la manera de incrementar su participación en la compañía es comprar acciones dentro de una 'debida diligencia' y valoración actual de la empresa.
'Salvo que haya una manera jurídica distinta de reversar las capitalizaciones que han existido, entendiendo que la última que se hizo fue en el 2006', dice Padilla, quien además aclara que aunque el Distrito está interesado en aumentar la participación accionaria es una tarea que no se hace de la noche a la mañana, ni es una decisión unilateral.
De acuerdo con el Distrito, la Administración recibe cada año utilidades según el ejercicio que se hace del 14,5% y recibe un 30% del flujo de caja libre entre lo que vende y menos los costos.
Desde año 2013 al 2016 por concepto de regalías —según el Secretario Jurídico— el Distrito recibió la suma de $40.134 millones.
El funcionario aclara que los recursos de regalías que debe pagar Triple A al Distrito, en el período comprendido entre noviembre de 2013 a octubre de 2033, por concepto de prórroga de la concesión de uso de los bienes de la administración destinados a los servicios públicos domiciliarios, han sido destinados para cubrir el déficit de subsidios.
Asimismo, manifiesta que para que el Distrito pueda retomar el control de Triple A implica buscar un operador especializado con músculo financiero y experticia en la operación de la compañía.
'El esquema de ese tipo de empresa es mixto, hay un privado que tiene el músculo financiero y la experticia en operación de lo que nosotros no sabemos hacer. Lo que sí no va a volver a suceder es tener una empresa 100% pública porque no tenemos la condición de experiencia para hacerlo (...) sí se da una circunstancia que afecte a la empresa y su viabilidad podemos volver a épocas del oscurantismo en los servicios públicos de Barranquilla que nadie quiere volver ', enfatiza Padilla.
Por su parte, Ricardo Plata, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, dice que el Distrito tiene dos opciones para incrementar su participación en Triple A.
La primera opción es que compre las acciones y la segunda es que haya un resarcimiento luego de unas acciones jurídicas.
Esto último, asegura Plata, habría que determinarlo un juez luego de un proceso judicial en donde se demuestre que hubo engaño o un desfalco, asimismo, deberá haber una sanción y que el Distrito decida que en vez de recibir efectivo, sean las acciones la forma de pago.
