En la respuesta del Distrito de Barranquilla a la solicitud de la Procuraduría, en el marco de las pesquisas disciplinarias por el Caso Lezo, la Alcaldía revela que analiza posibles cambios en las tarifas de la Triple A por las anomalías que se habrían presentado con la empresa de servicios públicos desde hace 18 años.
EL HERALDO también conoció la contestación de la Triple A al ente de control, en la que asevera que la disminución accionaria que sufrió la Administración desde 1995 fue 'en estricto acatamiento de las normas legales'.
'Pretendemos reparación'
En el documento de 20 páginas, fechado el 20 de abril pasado, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, señala a los procuradores delegados del caso, Welfran Mendoza, Javier Lizcano, Juan Spirko y Natalia Ordóñez, que el Distrito va a 'iniciar acciones jurídicas y financieras de distinta índole' como accionista de la Triple A y también como responsable de la prestación de los servicios públicos en la ciudad.
Agrega Char que el Distrito pretende reparación económica por lo ocurrido en el contrato de asistencia técnica entre Inassa y Triple A, y por la defraudación por contratos posiblemente simulados de la empresa de acueducto y alcantarillado.
Además, expone que fueron radicados en este sentido derechos de petición en la Triple A, pidiendo información sobre las actas de juntas directivas y asambleas de accionistas.
'Es necesario establecer cuál es el real perjuicio económico al Distrito de Barranquilla como socio, por cuanto ni la Fiscalía ni la Procuraduría han estimado dicho valor en los documentos que conocemos hasta el momento', se lee en la misiva.
simulaciones financieras
Con el fin de determinar el daño, afirma Char, la Administración Distrital ha hecho una serie de simulaciones financieras en un trabajo conjunto con la Triple A.
En dichas simulaciones se revisa, con fundamento en la investigación de la Fiscalía, la presunta apropiación de $27.879 millones por parte de los representantes de Inassa y de la firma Recaudos y Tributos, mediante la creación de 54 órdenes de pedido de bienes y servicios que no fueron adquiridos y cuatro contratos de consultorías que pretendían justificar solicitudes de tarifas de acueducto y alcantarillado ante la CRA.
Otro tema es el contrato de asistencia técnica por $237.836 millones, suscrito el 4 de septiembre de 2000 entre Inassa y Triple A, sobre el que los fiscales calculan que en 17 años de vigencia se habría pagado dicha cantidad, a pesar de que no se habría ejecutado y se habrían desviado dineros para beneficiar a terceros de Canal Extensia y Slasa, filiales del Canal de Isabel II.
Cambios en las tarifas.
El Distrito también busca 'determinar posibles cambios en las tarifas fijadas de los servicios por Triple A, cambios que se hubieran podido producir por la incorporación de los montos anteriormente indicados en los costos administrativos y operativos de la compañía'.
También dice Char que intentan establecer los asuntos que 'han podido afectar el cargo fijo y el variable facturado a los usuarios, generando variaciones en los ingresos, así como ajustes en los costos y gastos determinados en los estados financieros que modifiquen las estimaciones resultantes anuales de los dividendos y las regalías calculadas y pagadas por la Triple A al Distrito'.
Abuso de posición dominante. La Alcaldía explicó que estudia acciones por 'el abuso de la posición dominante' en la sociedad y anuncia que pide a la Triple A una reunión extraordinaria de la asamblea de accionistas para que expliquen, además, sobre los contratos simulados y el pago de la asistencia técnica.
Frente a la solicitud del ente de control disciplinario, de intervenir para la terminación del contrato de asesoría técnica entre la Triple A e Inassa y la devolución de los dineros pagados en ese contrato y los dineros desfalcados por los directivos investigados, la Administración Distrital indica que pedirá a la Triple A una auditoria sobre el contrato y realizar pruebas extraprocesales sobre las acciones societarias.
De otro lado, el Distrito manifiesta que presentó poderes para actuar como víctima en el primero de los procesos, que lleva la Fiscalía 5 Especializada de la Unidad Nacional contra la Corrupción, que investiga lo sucedido antes de 2008.
Igualmente presentó poder para constituirse en parte civil del segundo caso que lleva la Fiscalía 38 Especializada de la Unidad Nacional contra la Corrupción, que se encarga de lo ocurrido después de 2008 en este caso.
Concluye el burgomaestre que 'es imperativo para el Distrito que se nos repare económicamente en el menor tiempo posible'.
Responde la Triple A
En otra misiva, más breve que la de la Alcaldía y fechada tres días después, el representante legal suplente de la Triple A, Juan Acosta, responde también al Ministerio Público en tres puntos solicitados.
Sobre la restauración de la participación accionaria del Distrito en la Triple A, la empresa informa que debe verse desde dos perspectivas: la primera es que no es competencia de la Triple A decidir si sus socios suscriben y pagan las acciones que conforman su capital, sino que 'se limita a emitir y ofrecer las acciones a sus accionistas, que son quienes toman, en forma libre y autónoma, la decisión de aceptar o no la oferta realizada'.
Agrega que las modificaciones en la composición ordinaria de la Triple A surgieron a partir de 1996 y que se dieron por cuanto la empresa 'necesitaba' un accionista con poder económico, como la española Inassa, filial de Canal de Isabel II.
Indica que la situación financiera de la empresa por esa época era precaria porque no había recibido el aporte en dinero que requería de sus socios, 'lo que llevó a la necesidad de esta capitalización'.
Esta situación financiera de la empresa, se prolongó en el tiempo y tuvieron que obtener ingresos, asegura, 'para que esta pudiera pagar bonos que había emitido en el mercado y que vencían en 2006'. Ante el pago de estos, asegura, 'el Distrito se negó a hacerlo, pero el otro socio mayoritario (Inassa) sí accedió y en efecto pagó en forma real y efectiva'.
Por ello, concluye la Triple A, 'todos los incrementos de capital se hicieron en estricto acatamiento de las normas legales y estatutarias aplicables, habiendo dado oportunidad, cuando fue el caso, al Distrito para que conservara su participación'.
La Triple A dice que el Acuerdo 023 de 1991 es un acto de autorización para que el Distrito participe como accionista en la creación de una sociedad de economía mixta de servicios públicos y que esa autorización fue cumplida.
Explica que una vez la sociedad adquirió vida propia y debía observar sus propios estatutos sin que quedar atada a la voluntad del Concejo Distrital, por lo que 'tiene otros socios distintos al Distrito, de modo que un solo socio, así sea de naturaleza pública, no puede imponer su voluntad'. Por esta razón la Triple A dice que 'no comparte el cuestionamiento de la Procuraduría sobre la disminución de la participación del Distrito'.
No puede terminar
En cuanto a de la terminación del cuestionado contrato de asistencia técnica con Inassa y la recuperación de esos dineros, la Triple A dijo que 'carece de facultades exorbitantes para terminar' mientras no sea anulado por una autoridad competente, por lo que anuncian que están 'examinando con detenimiento' la solicitud de la Procuraduría al respecto. Para lo que tiene que ver con la solicitud del ente de control disciplinario sobre la recuperación de los dineros, señala la empresa que está analizando las pruebas de la Fiscalía y de la propia Procuraduría. Finalmente, frente a la necesidad planteada por el Ministerio Público de que se recuperen los dineros sustraídos a la Triple A por administradores y funcionarios actualmente investigados, afirma el representante de la empresa de acueducto y alcantarillado que ya se hicieron víctimas en el proceso penal y que en ese sentido están 'colaborando con las autoridades para identificar a los responsables y determinar el monto de los perjuicios'.
