Estafadas. Así dicen sentirse un grupo de familias que invirtieron hace seis años en cuatro proyectos de vivienda ubicados en el norte de Barranquilla, que debieron ser entregados desde 2015 por la Constructora AVI, pero hasta ahora aparecen en obra negra o sin construir.
De acuerdo con los denunciantes que exponen el incumplimiento por parte de la firma, las construcciones están paralizadas desde hace un año, debido a la falta de recursos de los responsables.
'Estamos muy preocupados, porque ellos (la constructora) no tienen bancos, no tienen plata, no tienen nada para seguir construyendo y nuestro dinero está ahí invertido, ya no sabemos qué hacer', manifestó Jhannelly Vizcaíno, una de las afectadas por la firma AVI.
Aunque las construcciones de estas estructuras iniciaron en 2012, seis años después no hay alguna lista para entregar. En Villa Campestre se encuentran dos proyectos, denominados ‘Giocco’ y ‘Sankara’, en Villa Santos se ubica ‘Torres del Cielo’, y en Villa Santos, ‘Josephina’. De los cuatro, el que más ha avanzado es el ‘Torres del Cielo’, en un 90 %, de acuerdo con las declaraciones de los inversionistas.
A pesar de las aparentes irregularidades con el cumplimiento del contrato, los interesados en los apartamentos iban aportando las cuotas mensuales correspondientes a la inicial de los inmuebles durante ese periodo. En el caso de Omar Barraza, inversionista en el proyecto de Villa Santos, alcanzó a pagar $298 millones de los $300 millones que es el valor mínimo en este lugar.
Debido a los retrasos en las obras y al nulo contacto con la familia Avilés, socios de la Constructora AVI interpusieron recursos en la Curaduría Urbana, Contraloría, Superintendencia de Industria y Comercio, y Procuraduría, pero no han obtenido respuesta por parte de los entes de control.
Además, dieron a conocer que la solución que la firma les brindó en septiembre de 2017 a los clientes era cambiar de proyecto. Es decir, los interesados en ‘Giocco’ podrían tomar un espacio en ‘Sankara’. Pero, esta opción no era viable para ellos, según Germán Rodríguez. 'Nos tocaba pagar un porcentaje adicional’’, dijo.
En total, son 600 familias que han invertido en los cuatro proyectos y que se consideran afectadas por los incumplimientos.
EL HERALDO consultó a Alberto Avilés, representante de la constructora, quien aseguró que solo hasta hoy la firma se iba a referir públicamente sobre los señalamientos que se le están haciendo.
