El 11 de marzo de 2000 es una fecha que marcó considerablemente la vida de Martín Badel, un campesino que debió abandonar ese día la vereda del Toro, en San Juan Nepomuceno (Bolívar), tras la ola de violencia en sectores aledaños que dejó 12 pobladores asesinados a manos de 150 miembros de grupos paramilitares, según relata.
'Hubo unas matanzas en Las Brisas, Mampuján y Pela Lobo, en la cabecera municipal de la vereda del Toro. Me dio miedo y salí en carrera con mis cuatro hermanos y un grupo de sobrinos', manifestó el hombre de 52 años.
Fue por eso que convirtió a Baranoa (Atlántico) en su refugio, donde ya cumple 18 años de convivir con su familia en condición de arrendado. Mientras que en 2014 fue reconocido como víctima del conflicto armado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Ahora que la tranquilidad retornó a su pueblo natal, Martín se ilusiona con volver, caminar las calles de la vereda sin temor a que un grupo al margen de la ley ingrese violentamente a la población, o que un disparo proveniente de lo más alto del Toro le impacte a su integridad.
'Mi sueño es retornar allá (al Toro). El pueblo está bien, gracias a Dios eso ha cambiado al 100%. Allá están mis hermanos y toda mi familia. Gracias a Dios ya no hay violencia', sostuvo Badel, quien ayer fue indemnizado por ser víctima del conflicto, con 17 salarios mínimos mensuales legales vigentes, correspondientes a desplazamiento forzado.
Ponerse al día con la deuda del arriendo y cancelar los servicios públicos será unos de los destinos de ese dinero, según confesó el campesino.
Junto a él, otras 533 personas alojadas en el Atlántico recibieron en Barranquilla su indemnización por parte de la entidad gubernamental, que busca reparar a las personas que sufrieron por los enfrentamientos con grupos al margen de la ley.
De acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, estas indemnizaciones equivalen a una inversión total de más de $2.075 millones por parte del Gobierno Nacional.
Por su parte, el director territorial de la Unidad para las Víctimas, Alfredo Palencia, aseguró que en el Atlántico hay registradas 230 mil víctimas, de las cuales solo el 10 % se ha reparado.
'Aún no hemos indemnizado a 30 mil personas, o sea que estamos por debajo de las 200 mil víctimas por reparar. No es lo que nosotros desearíamos', reconoció el funcionario.
Palencia resaltó que, para mejorar esta cifra, se anunciará próximamente un plan de documentación con los usuarios, pues es el principal requisito para que la persona sea reconocida como víctima y ser indemnizada.
