¿Es legal que una fundación que usa dineros públicos contrate a sus familiares? Este interrogante fue consultado a dos abogados expertos en Derecho Administrativo y Contratación Estatal, para tratar de establecer la legalidad de los contratos firmados alrededor de la Casa Museo Julio Flórez.
Frente al tema la opinión es dividida. Mientras uno de los especialistas dijo que es más un 'tipo de problema ético que legal', el otro especialista sostuvo que cuando se manejan recursos del Estado se deben regir por los principios de la Ley 80 o de contratación pública. Entre tanto, diputados del Atlántico consultados indicaron que es un 'tema muy complejo' que debe ser investigado por las autoridades.
La polémica surge tras la denuncia sobre la presunta actuación de Margarita Macías, directora de la Casa Museo Julio Flórez, quien a través de la Fundación Coprous (que tiene el manejo del centro cultural) habría contratado a sus hijos, hermano y un familiar del esposo, por cifras que rondan los $75 millones.
Sin problema legal
Francisco Cuello Duarte, abogado especialista en Derecho Público y Contratación Estatal, indicó que no habría ningún problema de tipo legal que una fundación que maneje recursos públicos contrate a familiares porque son entes privados y como tal no se rigen por el sistema de contratación pública de la Ley 80 de 1993, sino por los mecanismos de sus propios estatutos.
En el caso particular de la Casa Museo de Usiacurí sostuvo que es una entidad privada, cuyo régimen jurídico aplicable en la ejecución de los dineros que reciba por convenios o aportes oficiales se rige por el derecho privado. 'Desde luego que debe tener un marco de transparencia'.
Sin embargo, agregó que al recibir unos recursos públicos está en la obligación de rendir cuentas ante los organismos de control. Indicó que la supuesta contratación de sus familiares es un problema más de tipo ético que legal.
No es legal
Por su parte, Helton Gutiérrez, abogado especialista en Derecho Administrativo y docente de la Universidad Libre, de Bogotá, manifestó que no importando la figura de ente privado, cuando se habla de recursos públicos estas deben regirse por el principio propio de la contratación pública para que se evite las prácticas de nepotismo.
Sostuvo que cuando el recurso público entra a hacer parte de una fundación o de cualquier particular nace un atributo que es función administrativa y se aplica las reglas del derecho contractual colombiano, las limitaciones constitucionales , los principios sobre ese tipo de gasto y no deja supeditado al libre albedrío del director o gerente de una empresa.
Ante estos casos —dijo— se debe regir una serie de principios como la austeridad del gasto, la objetividad y parcialidad en la escogencia de un contratista para efectos de invertir esos recursos.
'Y hacerlo con los familiares naturalmente se debe a una práctica a dedo porque estaríamos hablando de un favorecimiento y un direccionamiento irregular de unos recursos que si bien llevan el objeto de prestar un servicio público, esa prestación debe regirse bajo unos lineamientos que establece la ley', explicó el abogado.
La presidenta de la Asamblea Departamental, Lilia Manga, sostuvo que cuando se es ordenador de los recursos públicos se debe ser cuidadoso y apartar desde todo punto de vista a los familiares de este tipo de entorno.
'No tiene presentación que de los recursos que el gobierno departamental transfiere se tenga una nómina para los parientes, no estoy de acuerdo y pienso que hay nepotismo, tráfico de influencias y no es ético', expresó Manga.
Entre tanto los diputados Jorge Rosales y Adalberto Llinás coincidieron en que este es un tema delicado y que son las autoridades competentes quienes deben investigar y emitir si hay o no irregularidades sobre el caso de la Casa Museo.
Asamblea rechaza cierre del Museo Julio Flórez
La Asamblea Departamental, en cabeza de su presidenta Lilia Manga, rechazó de manera contundente la decisión de cierre de la Casa Museo Julio Flórez en Usiacurí, medida que empezará a regir a partir del primero de junio. 'No creo que la directora del Museo esté contemplando realmente el cierre, sino que es una manera de llamar la atención de los gobiernos para que den pronta solución a la situación financiera que está viviendo este patrimonio', dijo Manga, quien agregó que no se puede de manera unilateral tomar una decisión apresurada porque este es un bien público al servicio de la comunidad. Indicó que se hará una solicitud a la Gobernación del Atlántico en aras de que incremente los porcentajes estipulados en la Ordenanza, aprobada por la Duma en 2003. 'Todos los gastos que se incorporan es discrecional del gobierno departamental. Nosotros solo hacemos la sugerencia de pedirle que, de acuerdo con los ingresos que tenga, contemple la posibilidad de hacer una reforma a la ordenanza y aumentar los dineros', explicó. Por su parte, el diputado Jorge Rosales indicó que este es un tema delicado y que se tendría que revisar jurídicamente porque si bien es una entidad privada la que maneja el Museo, el 70% de los recursos que le ingresan son de la Gobernación del Atlántico. 'Hay que pensar en una figura jurídica para que la Gobernación sea doliente y haga parte del Museo, porque de esta manera la administración departamental podría tener un mayor control y generar más recursos, es decir crear una entidad mixta', propuso Rosales. Entretanto, el diputado Adalberto Llinás manifestó que las diferencias internas de los diversos sectores del municipio no pueden llevar al cierre de esta institución, por lo que sostuvo que la Asamblea está presta a sesionar en Usiacurí con el fin de buscar una salida y solución al tema. 'Nosotros no podemos permitir ese cierre y creo que sería un error porque no solo pierde Usiacurí, sino la cultura y todo el Atlántico', puntualizó el diputado.
